Associated Press
TUCSON, Arizona, EU.- Menos de uno por ciento de los arrestos de inmigrantes que efectúa la Patrulla Fronteriza en Arizona tienen lugar en los puestos de revisión instalados a bastantes kilómetros de distancia de la frontera, de acuerdo con un nuevo informe.

Las estadísticas que obtuvo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) mediante una demanda ponen en duda la eficacia de esos retenes interiores en momentos en que aumenta el rechazo hacia ellos.

Los detractores aseguran que esos puestos de revisión devienen en etiquetación racial y abusos por parte de los agentes. La Patrulla Fronteriza asegura que son cruciales para la captura de traficantes de personas y drogas que cruzan sin permiso a Estados Unidos.

Sin embargo, pocos arrestos se han efectuado en esos puestos de revisión situados a varios kilómetros de distancia de la frontera. Por ejemplo, de las 120 mil 939 detenciones de inmigrantes efectuadas en el sector de Tucson en el año fiscal 2013, sólo 697 tuvieron lugar en esos retenes, el 0,57% del total.

Dichos puestos de revisión se ubican a menos de 185 kilómetros de la frontera y por lo general se instalan en carreteras y pequeños caminos. En ellos los agentes preguntan a las personas que viajan en sus vehículos si son ciudadanos estadounidenses.

ames Lyall, abogado de la ACLU enfocado en la frontera de Arizona con México, dijo que las estadísticas muestran por qué la Patrulla Fronteriza ha sido menos que comunicativa en torno a los datos de arrestos y decomisos en ese tipo de retenes.

"Si los estrategas políticos y el público tuvieran la información completa y precisa de la agencia, le sería más difícil a la Patrulla Fronteriza justificar ese tipo de operaciones con sus usuales afirmaciones generalizadas de que es eficiente y efectiva", declaró Lyall.

Durante una protesta en mayo, Manny Padilla, jefe del sector de Tucson, dijo que esos retenes son un componente crucial en la estrategia de la Patrulla Fronteriza y están instalados estratégicamente en rutas utilizadas por los contrabandistas.

La agencia dijo el jueves en un comunicado que no podía hacer declaraciones sobre disputas que se encuentren en este momento en tribunales.

Lyall ha participado en la representación judicial de dos residentes de Arivaca, una pequeña localidad de Arizona, que afirman que los puestos de control han incurrido en numerosas infracciones constitucionales y en etiquetación racial.

Esos residentes y otros de la zona monitorearon el año pasado a los agentes de un retén en Amado, Arizona. Anotaron los detalles que observaron, tales como el modelo de los vehículos y la aparente etnicidad de los conductores a los que los agentes pidieron que se orillaran para una inspección secundaria.

Un juez magistrado federal rechazó en fecha reciente una solicitud de la ACLU para un recurso temporal que habría permitido a los residentes acercarse a los agentes para un mejor monitoreo. Esa demanda continúa en tribunales.