Agencias
HARRISBURG, Pensilvania.- El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, ordenó este viernes una moratoria a la pena de muerte en esa entidad hasta que haya “recibido y revisado” el informe de la comisión que analiza la política de aplicación del castigo capital, según informó Notimex.

“El indulto anunciado permanecerá en efecto hasta que yo haya recibido y revisado el próximo informe de la Comisión y Fuerza de Tarea y Asesoramiento sobre la Pena Capital de Pensilvania y hasta que cualquier recomendación contenida en el mismo sea cumplida satisfactoriamente”, dijo.

En su declaración, el gobernador demócrata explicó que “esta moratoria no es de ninguna manera una expresión de simpatía por los culpables sentenciados a pena de muerte, todos los cuales han sido condenados por la comisión de delitos atroces”.

“Esta decisión se basa en un sistema defectuoso que ha demostrado ser un ciclo sin fin de procedimientos judiciales, así como ineficaz, injusto y caro”, indicó y añadió: “El culpable no merece compasión, y no recibe ninguna de mí”.

Wolf se suma así a los gobernadores de Oregon, Washington y Colorado que han decretado una moratoria a la pena de muerte ante las preocupaciones de que el sistema funcione de una manera justa y humana.

De acuerdo con el Centro de Información sobre Pena de Muerte, otras 18 entidades estadounidenses han abolido la aplicación del castigo capital.

Datos de este Centro indican que desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976, unas 150 personas han sido exoneradas tras haber sido sentenciadas al castigo capital, incluyendo a seis hombres en Pensilvania.

El dato

Actualmente 186 reos se encuentran sentenciados a la pena máxima en Pensilvania, la quinta entidad con mayor población de presos en el corredor de la muerte.

Sin embargo, a pesar del número de reos sentenciados, la pena de muerte ha sido aplicada en escasas ocasiones en esa entidad.

En los casi 40 años desde que la Asamblea General de Pensilvania restableció la pena de muerte, tres reos han sido ejecutados, los cuales abandonaron voluntariamente su derecho a apelar sus sentencias.