PANAMÁ.- Luego de dejar en evidencia la red de corrupción que impera en la Procuraduría de Justicia de Panamá, donde la responsable es la ex fiscal Kenia Isolda Porcell, quien actualmente enfrenta un proceso legal por dicho delito, junto con sus cómplices José Antonio Candanedo Chiam, Ricaurte González y Marcos Mosquera de la Guardia, por la fabricación de pruebas contra empresarios mexicanos para asegurarles sus bienes, serían los responsables de los ataques contra periodistas mexicanos a quienes hostigan con llamadas telefónicas para sacarles información sobre las publicaciones que cuentan con sustento legal a través de una firma de abogados.

En este contexto, los múltiples señalamientos por presuntos casos de corrupción de medios nacionales e internacionales contra la ex fiscal Kenia Porcell, quien tuvo que renunciar a su cargo para ser investigada por el probable delito de fabricación de pruebas y usurpación de funciones, contra empresarios mexicanos quienes llegan a invertir sus recursos pero sus cuentas y bienes son asegurados por supuesto lavado de activos, se siente acorralada junto a sus cómplices Ricaurte González Fiscal del Ministerio Público y José Antonio Candanedo Chiam Fiscal Superior de Asuntos y Internacionales, quienes están detrás de los ataques contra comunicadores mexicanos.

Uno de los periodistas que mantiene una investigación en colaboración con sus homólogos en Panamá, contra los funcionarios públicos corruptos en dicha Fiscalía, fue víctima de violación de sus datos confidenciales a través de una llamada telefónica, donde fue amenazado por una supuesta información que solicitó a un banco en Panamá, e incluso le dijeron que ya estaba en proceso su trámite de cuenta, lo que dejó en evidencia los presuntos actos de corrupción dentro de la Fiscalía panameña.

Y es que el abogado Sergio Morales Puello, defensor de las víctimas, ha denunciado públicamente ante los medios de comunicación locales e internacionales, una serie de documentos falsificados que firmó el mismo fiscal Candanedo Chiam y su cómplice Ricaurte González, miembros de gabinete de la ex procuradora Kenia Porcell, acusada de corrupción; juntos han hecho de la Procuraduria de Justicia de Panamá un botín de mercenarios, frenando el progreso económico del país al alejar a los inversionistas que temen que sus bienes sean incautados con pruebas falsas por delitos que jamás cometieron.