Agencias
MADRID, España- La Policía Nacional de España, desde su creación en 1824, combina la doble función de acción preventiva y labor judicial, en las que actualmente se coordina en el mando único con la Guardia Civil.

La necesidad de dotar a las ciudades españolas de una estructura de seguridad moderna, fue lo que determinó que en 1824 el rey Fernando VII dictara la Real Cédula en la que se creaba la Policía General de Reino, conocida ahora como Policía Nacional.

A diferencia del principio que creó la Guardia Civil, la Policía Nacional destaca por su carácter urbano, al estar desplazada desde su formación en las principales y grandes urbes con subdivisiones, o cuarteles llamados en el siglo XIX y actualmente comisarías, de acuerdo con Notimex.

Las principales funciones que conserva desde 1824 la Policía Nacional son velar por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos persiguiendo a aquellos que los vulneran y poniéndolos en manos de la justicia "en el plazo de ocho días, lo más tarde", según cita el Artículo XVI.

Por ello, este cuerpo, ya desde su origen, se pone a las órdenes de un magistrado con el título de superintendente general, ahora los órganos judiciales.

Desde abril pasado, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen un solo mando único

Además de esta función de policía judicial, la Real Cédula configura la otra gran función de la Policía en relación a la prestación del servicio público de seguridad "garantizando el bien y la seguridad pública".

La segunda función lo que pretende es responder al deseo de la Administración Pública de dar un servicio que asegure en bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre las funciones específicas de la Policía Nacional destaca la de coordinar la labor de seguridad con otros cuerpos municipales y autonómicos, la cooperación internacional (tiene la representación en las embajadas) y con Interpol y Europol, y realizar labores de pasaportes y extranjería.

Además, está a disposición de las autoridades competentes para la vigilancia de la labor ética de los funcionarios públicos.

En tanto la Guardia Civil fue fundada en 1844, durante el reinado de Isabel II como una fuerza de Infantería y Caballería para la "conservación del orden público y el auxilio que se reclame para la ejecución de las leyes".

El principal objetivo era atajar la gran inseguridad rural provocada por el bandolerismo y crear un cuerpo nacional de mantenimiento del orden público. 

Por ello, la Guardia Civil es un Instituto Armado de naturaleza militar y tiene la misión primordial de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana, todo ello bajo la dependencia del gobierno de la Nación.

Un mismo escenario

Tiene una doble dependencia: del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y medios, y del de Defensa en cuanto a ascensos y misiones de carácter militar.

Además, atiende las necesidades del Ministerio de Hacienda relativas al resguardo fiscal del Estado, y vela por el cumplimiento de todas las normas y reglamentos relacionados con los diferentes órganos de las administraciones central y autonómica.

Desde abril pasado, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen un solo mando único que coordina sus funciones en sus aspectos generales y precisas, por ejemplo la actividad de cada cuerpo en la lucha antiterrorista.

Lo anterior debido a que hay funciones que les llevan a estar en un mismo escenario, por ejemplo en los aeropuertos donde la Policía Nacional vela por la seguridad en pasillos y realiza las gestiones de extranjería y aduana.

Mientras la Guardia Civil cuida los controles de entrada de pasajeros a las zonas de abordaje y la situación de las pistas y alrededores de las terminales aéreas.

Si a la Policía Nacional le corresponde el ámbito de la seguridad ciudadana, capitales de provincia y núcleos urbanos, la Guardia Civil es responsable en el resto del territorio nacional y en el mar territorial.

Protección a la naturaleza

La Guardia Civil vela con exclusividad por el control de las armas y explosivos, el resguardo fiscal del Estado, el tráfico interurbano, salvo en aquellas comunidades autónomas que lo tengan asumido, la custodia de las vías de comunicaciones, puertos y aeropuertos y la protección de la naturaleza.

Cuando se le solicita, la Guardia Civil tiene competencias judiciales ante los jueces, tribunales y ministerio fiscal. Como resguardo fiscal del Estado, del Ministerio de Hacienda.

Además, tiene responsabilidad en la protección de la naturaleza, implica su relación con los ministerios de Fomento, Medio Ambiente, Agricultura, Pesca y Alimentación, así como con las Comunidades Autónomas.

Se relaciona igualmente con otros ministerios y con las delegaciones del gobierno para la Extranjería e Inmigración, así como con el Plan Nacional sobre Drogas.