Notimex y AP
GUATEMALA.- El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseveró que permanecerá en el cargo, negó vinculaciones con los ilícitos en la autoridad recaudadora de impuestos, y se declaró dispuesto a someterse a la justicia.

Anoche, en mensaje de televisión y radio a la nación, rechazó acusaciones de las autoridades de que estaría implicado en el caso de la red criminal dedicada al contrabando y la defraudación que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Reiteró su rechazo a las acusaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, entidad de las Naciones Unidas que colabora en la lucha contra el crimen organizado).

El viernes pasado, el Ministerio Público y la CICIG, que investigan el caso conocido como La Línea, pidieron un antejuicio (retiro de la inmunidad) en contra del presidente y lo situaron como cabeza de la estructura criminal de la SAT.

Dijo que dará la cara “y demostraré frente a la institucionalidad que en ley corresponde, mediante el debido proceso, que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos”.

Reconoció la validez de las manifestaciones públicas –con las demandas de su renuncia y de la depuración de políticos corruptos-, pero advirtió que “el fin superior es resguardar la institucionalidad”.

"Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma, haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera, mi conciencia está tranquila en ese sentido", dijo en un mensaje dirigido a la nación y transmitido por televisión.

Pérez Molina también pidió perdón y reconoció que en su gobierno se realizaron actos de corrupción.

"Esto me obligo a pedir disculpa pública y a decir lo que nace del fondo de mi corazón, a pedir perdón a los guatemaltecos", añadió, negando que fuera a renunciar al cargo por estos señalamientos.

Estimó inaceptable “que en Guatemala se pretenda instalar una estrategia intervencionista, que tiene como objetivo dictarnos qué hacer o no hacer y quebrantar la democracia”.

Guatemala ha registrado varias jornadas de protestas exigiendo la renuncia del presidente, luego de que la fiscalía y la Comisión Internacional contra la corrupción en Guatemala descubrieran varios hechos de corrupción de funcionarios en el gobierno de Pérez Molina.

La falta de presencia pública del presidente Pérez Molina obligó a una jueza a realizar un recurso de exhibición personal para conocer su paradero. La tarde del domingo, Pérez Molina recibió a la jueza de paz, Carmen Pocón, quien asistió a la Casa Presidencial, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, para cumplir una diligencia judicial.

En esa diligencia se cumplió el recurso de “exhibición personal”, interpuesto por un grupo de abogados con el fin de constatar la presencia de Pérez Molina en el país y al frente de sus funciones.

El gobernante encabezó además un gabinete de gobierno que se realizó de manera privada durante la tarde y noche del domingo, para evaluar la situación y las renuncias de varios ministros y cercanos colaboradores.

El escándalo

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti renunció al cargo el pasado 8 de mayo tras su vinculación, y el viernes fue detenida y enviada a prisión por un juez.

La red denominada "La línea" era una estructura liderada supuestamente por Juan Carlos Monzón Rojas, el ahora prófugo ex secretario privado de Baldetti, quien se encargaba de entregar los sobornos al presidente como a la ex vicepresidenta.

Entre las evidencias obtenidas por autoridades se determinó que en una semana, Pérez Molina y Baldetti habrían recibido al menos dos millones de quetzales (unos 262 mil dólares) en sobornos. Las autoridades centran su investigación en un año de supuestas actividades de la red.

En los allanamientos hechos por las autoridades se encontró una cotización a nombre del presidente Pérez Molina que buscaba blindar su vehículo Jaguar XF por 23 mil dólares, así como cheques a nombre de Baldetti por varios millones de quetzales.

La comisión investigadora, un ente de Naciones Unidas para desarticular cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad incrustados en el Estado, ha presentado hasta el momento 88 mil escuchas telefónicas de los hechos.

Hasta el momento las autoridades no han establecido la cantidad exacta del fraude, pero estiman que son varios millones de dólares. Las autoridades han dicho que en el caso hay 100 personas investigadas incluidas al menos la mitad en prisión.