Agencias
GUATEMALA.- En un giro sorprendente, la Procuraduría General de la Nación, que representa jurídicamente al Estado, pidió al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina que presente su renuncia, informa The Associated Press.

El escueto comunicado difundido la noche del miércoles le recomendó "presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación". 

La Procuraduría no es la única institución del Estado que ha dado un paso adelante al pedirle al Presidente que renuncie. Algunas han ido más allá y se han sumado de manera activa a la convocatoria de paro nacional para el jueves.

La Contraloría General de Cuentas, el ente auditor de las cuentas del Estado, exhortó en un comunicado a que "en aras de mantener la paz social y ante las demandas de distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia... para evitar mayores incidentes sociales de consecuencias insospechables".

La Contraloría, además, autorizó a sus empleados a participar en el paro nacional.

Ambas instituciones se suman a la universidad pública que no sólo ha suspendido actividades sino que ha convocado a la que se espera sea la marcha principal del día, que partirá de sus instalaciones y llegará al Palacio de Gobierno donde confluirá con las convocadas por las universidades privadas, que tampoco abrirán sus puertas, al igual que la mayoría de los colegios privados de la capital. Organizaciones campesinas del interior del país y diversos sindicatos también marcharán junto a los estudiantes.

"Está todo medio parado, los que madrugan a traer mercancía no han llegado, mis hijos no fueron a estudiar, el bus venía vacío, faltaron transportes", dijo a The Associated Press Jorge Orozco, de 51 años, mientras colocaba cervezas en un refrigerador en el Mercado Central, que funcionaba a medias.

En el mercado San Martín, uno de los más grandes de la ciudad y que abre desde la noche, la mitad de los puestos estaban cerrados.

Pese a que el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales Financieras y Agrícolas de Guatemala (CACIF), la organización empresarial más importante del país, pidió la renuncia del presidente hace una semana, no se ha sumado al paro nacional, Pero el pequeño comercio y la distribución adhieren a la huelga.

Durante la tarde y la noche del miércoles dio inicio una reacción en cascada de apoyo a la movilización. Decenas de empresas privadas llamaron al paro nacional y anunciaron que cerrarían el jueves a través de carteles e imágenes publicadas en sus cuentas de redes sociales.

Desde la cadena de cafeterías más elegante, Café Saul, pasando por una peluquería, una librería, restaurantes, empresas de embalaje, supermercados o tiendas de electrodomésticos van al paro.

"Al igual que tú, estamos comprometidos y enamorados de la visión de una nueva Guatemala. Por eso este 27 de agosto nos unimos a la voz de los guatemaltecos para que Guatemala vuelva a nacer. Nuestras pizzerías están cerradas porque Guatemala lo vale", se lee en la imagen hecha pública en Facebook por una conocida cadena internacional de pizzerías.

La papelería Progreso, en el centro de la capital, ofrecía cartulinas a mitad de precio con el eslogan (hash)Yopormiguate. "Apoya con tu cartel, a mitad de precio"

Un periodista de AP pudo observar un menor movimiento y tráfico en las calles y que la gente ya comenzaba a juntarse en las esquinas. El Palacio de Gobierno, frente al cual ya se instalaron algunos grupos de campesinos, amaneció custodiado por una barrera de policías sin armas.

La crisis 

El paro nacional y las marchas ocurren en medio de una intensa crisis política. El miércoles, la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti fue enviada a prisión y la Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso que se le retire la inmunidad al presidente Pérez Molina para poder juzgarlo por el mismo escándalo que a la vicepresidenta.

Según la acusación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la exvicepresidenta recibió 50% de los sobornos que supuestamente recababa una estructura criminal denominada "La Línea" en la que participaban tanto funcionarios como particulares que gestionaban comisiones a cambio de evadir impuestos.

Desde el viernes y tras las denuncias de corrupción, 13 altos funcionarios -entre los que se incluyen siete ministros- renunciaron a sus puestos incluyendo el embajador ante las Naciones Unidas, Fernando Carrera.

Los fiscales han dicho que en el caso hay 100 personas investigadas, al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril, cuando se destapó el escándalo de corrupción. Baldetti renunció el 8 de mayo.