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Ciudad del Vaticano.- El tribunal civil del Estado Vaticano reabrirá este 18 de julio el aula ubicada en el corazón de su territorio para un juicio por supuesto desvío de recursos contra dos exfuncionarios de alto nivel de su hospital pediátrico.

Se trata de Giuseppe Profiti y Massimo Spina, expresidente y extesorero de la fundación del hospital “Bambin Gesù”, ambos acusados de utilizar 422 mil euros de ese organismo para pagar la refacción de un lujoso departamento de un poderoso cardenal, informa Notimex.

El decreto, fechado el 16 de junio pasado y firmado por el presidente del tribunal Giuseppe Dalla Torre, estableció que la primera audiencia del proceso tendrá lugar este martes a las 10:00 horas local (08:00 GMT).

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Los funcionarios comparecerán ante un colegio compuesto por los jueces Paolo Papanti-Pelletier, Venerando Marano y Carlo Bonzano. En caso de no presentarse serán declarados en contumacia y juzgados en ausencia.

Según el documento, Profiti y Spina (ambos funcionarios públicos dentro del Vaticano) “utilizaron en modo ilícito, a favor del empresario Gianantonio Bandera, dinero perteneciente a la Fundación Bambin Gesù y del cual ambos tenían disponibilidad en razón de los cargos por ellos ostentados”.

“En particular fueron pagados para fines completamente extrainstitucionales 422 mil 005 euros (unos 481 mil dólares), utilizándoles para efectuar trabajos de reestructuración edilicia de un inmueble propiedad de la Gobernación (del Vaticano) destinado a la residencia del secretario de Estado emérito”, añadió.

Precisó que el delito fue cometido en la Ciudad del Vaticano, de noviembre de 2013 al 28 de mayo de 2014.

La investigación judicial vaticana siguió al escándalo mediático que involucró a Bertone, cardenal italiano, quien fungió como secretario de Estado del Papa Benedicto XVI entre 2006 y 2013.

Cuestionado varias veces durante el pontificado de Joseph Ratzinger por su gestión como “número dos” de la Santa Sede, tras la renuncia del Papa alemán el purpurado logró que la gobernación vaticana le asignase dos departamentos en el Palacio de San Carlos, ubicado dentro de los jardines vaticanos.

La unificación y el remozamiento del ático corrió por cuenta del empresario edilicio Bandera, sin una licitación y con precios por encima de los pagados normalmente en el mercado italiano.

Gracias a esa maniobra, el prelado cambió la residencia oficial de secretario de Estado por un nuevo apartamento con terminaciones de lujo, de aproximadamente unos 300 metros cuadrados.

Cuando el caso se filtró a la prensa se convirtió en un escándalo, sobre todo luego que el propio Papa Francisco decidió vivir en una habitación de unos 60 metros cuadrados ubicada dentro de la hostería para cardenales llamada “Casa Santa Marta”.

En su momento, Bertone salió a afrontar la crisis argumentando que desconocía el origen de los recursos y que estaba dispuesto a devolver el dinero, cosa que finalmente ocurrió según confirmó hace pocas semanas la nueva presidente de la Fundación “Banbin Gesù”, Natalia Enoc.

Según el propio cardenal, él habría pagado de su bolsillo unos 300 mil euros (344 mil dólares), pero a esa cifra deberían sumarse los 422 mil.

En su momento, Giuseppe Profiti reconoció haber pagado él la reestructuración con dinero del hospital porque se trataba “de una inversión para un más amplio proyecto de desarrollo”, una “decisión estratégica”.

“La definí estratégica porque en aquel lugar habríamos realizado, en los próximos años, algunas importantes iniciativas para la fundación. El apartamento del Secretario de Estado emérito servía para las reuniones finalizadas a recoger fondos”, dijo el funcionario en abril de 2016.

No se trata del primer juicio mediático en la historia de los tribunales vaticanos. En 2012 tuvo lugar en proceso “vatileaks 1” por el cual fue declarado culpable de robo de documentos confidenciales el exmayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele.

Entre 2015 y 2016 se llevó a cabo el juicio “vatileaks 2” por el cual fueron imputadas cinco personas, entre ellos dos periodistas. Finalmente fueron hallados culpables de filtración de documentos reservados un clérigo español, Lucio Angel Vallejo Balda, y la especialista en relaciones públicas, Francesca Immacolata Chaouqui.