Sacan a remate 'narcobienes' inmuebles en Chile

Las ganancias obtenidas se destinarán a las tareas del Servicio para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol.

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El subsecretario chileno del Interior, Mahmud Aleuy, dijo que un 10 por ciento de lo recaudado en las subastas se destinará a los tribunales chilenos. (EFE/Archivo)
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EFE
SANTIAGO, Chile.- Varias viviendas que pertenecieron a narcotraficantes hoy condenados y que fueron obtenidas por el negocio de la droga serán subastadas mañana en un hecho inédito en Chile desde que a comienzo del milenio empezó a aplicarse la Reforma Procesal Penal.

El anuncio fue hecho este miércoles por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien participó en la simulación de la subasta real, que además recolectará fondos para financiar labores de rehabilitación que realiza el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol.

"Hemos hecho esta simulación porque, por primera vez en Chile, se van a poder rematar los narcobienes, específicamente bienes inmuebles. Anteriormente sólo se habían realizado remates de automóviles", explicó Aleuy.

Aleuy agregó que el remate se concretará gracias al trabajo realizado durante siete meses por la Dirección General de Crédito Prendario y los ministerios de Trabajo e Interior.

Estas instituciones fueron las encargadas de suprimir las trabas legales y administrativas para llevar a cabo el remate de los bienes incautados, después de que los tribunales de Justicia condenaran a un traficante procesado y decomisaran sus propiedades.

El viceministro de Interior destacó que los fondos recaudados con la subasta servirán para financiar programas de tratamiento y rehabilitación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda).

"El 90 % se distribuirá al Senda y el 10 % restante a los tribunales. Así se contribuye al tratamiento de muchas personas que son afectadas por este tipo de delitos", destacó el subsecretario.

La Reforma Procesal Penal, que se fue aplicando por regiones entre 2000 y 2005, supuso un cambio en el sistema de procesamiento de las causas judiciales penales al terminar con el sistema inquisitivo y sustituirlo por un esquema acusatorio que divide las funciones de investigar, procesar y dictar sentencia.

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