13 de Diciembre de 2017

Mundo

Caen otros cinco por fraude al Seguro Social de Guatemala

Suman 22 los detenidos por el millonario desfalco que causó la muerte de varios pacientes renales.

El exsecretario del presidente de Guatemala y exdirector del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, es trasladado a una cárcel tras ser implicado en el desfalco a dicha institución. (EFE/Archivo)
El exsecretario del presidente de Guatemala y exdirector del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, es trasladado a una cárcel tras ser implicado en el desfalco a dicha institución. (EFE/Archivo)
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EFE
CIUDAD DE GUATEMALA.- Las autoridades de Guatemala informaron este miércoles de la aprehensión de cinco personas vinculadas con el caso IGSS-Pisa, un millonario fraude en el Seguro Social del país, señaló una fuente oficial.

El Ministerio Público (MP) confirmó las nuevas detenciones, aunque no aportó más datos, pero la portavoz Julia Barrera anunció que en las próximas horas dará detalles en una conferencia de prensa.

Fuentes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) confirmaron que los detenidos son Otto Daniel Ortíz, de profesión electricista, Jorge Mario López Pellecer, director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Chiquimula, y Francisco Cortéz Bocalett, director de servicios contratados.

Además, los esposos Alma Judith Méndez Blanco y Salvador Rolando Álvarez Mérida, este último contratista de profesión.

Con estos cinco nuevos arrestos son ya 22 los detenidos por este caso, entre los que se encuentra Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y exsecretario privado del presidente Otto Pérez Molina.

Pacientes muertos

Todos están acusados de participar en una adjudicación irregular a una empresa privada que se encargaría del tratamiento de pacientes con insuficiencia renal y por el que algunos enfermos fallecieron.

Según las investigaciones, el IGSS adjudicó a la empresa farmacéutica Pisa y Ortosa un contrato de 116 millones de quetzales (unos 15.1 millones de dólares), para el servicio de diálisis peritoneal para pacientes del servicio público.

Las pesquisas señalan que los detenidos cobraban entre el 15 y 16 por ciento del importe final del contrato por seleccionar a la empresa.

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