Agencias
MIAMI, Florida.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó el martes al gobierno argentino por discriminar y aplicar de manera selectiva una normativa que rige a los medios de comunicación, e instó a las autoridades a garantizar el debido proceso y un trato igualitario con el Grupo Clarín.

De acuerdo con The Associated Press, la SIP dijo que envió una carta con sus críticas y exhortaciones a la presidenta argentina Cristina Fernández y a otros funcionarios de los poderes legislativo y judicial.

En una resolución que emitió en su reciente asamblea en Chile, la SIP rechazó el procedimiento por el que el gobierno argentino forzará el desmembramiento del Grupo Clarín después de haber aceptado un plan que le había presentado el conglomerado de medios, uno de los más grandes de la nación sudamericana.

El gobierno utilizará para ejecutar esa acción una unidad dependiente de la Presidencia de la Nación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Afsca.

El titular de ese organismo, Martín Sabbatella, anunció a comienzos de octubre que el gobierno argentino actuará de oficio para desmantelar al Grupo Clarín, después de haber descartado el plan de división que presentó la empresa periodística en 2013. En ese plan original aceptado en su momento por el gobierno, el Grupo Clarín decidió fragmentarse en seis empresas diferentes, explicó la SIP en un comunicado de prensa.

En las cartas enviadas, la SIP solicitó "trato igualitario y la no discrecionalidad en la aplicación de la norma", al considerar que no se respetó el debido proceso y que el organismo gubernamental actuó en forma discriminatoria contra el Grupo Clarín.

La SIP recordó que en octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia argentina declaró la constitucionalidad de la ley de medios audiovisuales, pero advirtió que debía ser aplicada sin discriminaciones y a través de órganos estatales técnicos e independientes al poder político.

La norma, impulsada por el gobierno de la presidenta Fernández con el propósito poner límites a la concentración de medios, fue aprobada en 2009 por el Congreso.

Clarín denunció en su momento que la legislación representaba un ataque a los medios de comunicación independientes y recurrió a la justicia para suspender la aplicación de la norma.