Agencias
BRASILIIA, Brasil.- Mientras los ejecutivos de catálogo implicados en el caso “Petrobras” –la entrega de dinero a la empresa petrolera estatal a cambio de contratos de construcción- se adaptaban a las duras condiciones de la cárcel, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que no tuvo ni tendrá tolerancia con corruptos y corruptores.

“En marzo de 2014 se destapó esta eventualidad”, rememora con elegancia Alberto Zacarías, abogado defensor de uno de los empresarios detenidos en el penal de Curitiba, estado de Paraná, luego de que la nación se enterara de las graves denuncias por desvíos millonarios en obras que afectan a la empresa petrolera del Estado, informa Notimex.

Sin exagerar, millones de ciudadanos se enteraron a mediados de noviembre pasado por todos los medios, de que cientos de agentes federales habían detenido en seis estados del país a 21 propietarios, presidentes y gerentes de las más poderosas empresas de Brasil, enviándolos a Curitiba, eje de la “Operación Lava Jato”.

“Todos son miembros del Club de los Mil Millones”, refirió la revista “Veja”, semanario de Sao Paulo que, puntual, se dedica a reseñar los avances o retrocesos de esos personajes que monopolizan el ingreso de un país caracterizado por sus abismales desigualdades sociales y económicas.

“Queremos la investigación en su totalidad, y ya la Policía Federal y la Procuraduría General de la Nación buscan a corruptos y corruptores, sin que haya ningún tipo de presión gubernamental para inhibir las pesquisas”, dijo Dilma Rousseff en su primera reacción sobre el tema.

Las 'coimas'

El asunto adquirió celeridad cuando, el 14 de noviembre, el juez Sergio Moro ordenó la detención de más de dos decenas de ejecutivos, protagonistas de un escándalo nacional que sigue su trámite en “secreto de sumario”, aunque ya se habían filtrado a la prensa nacional e internacional informaciones relevantes y con tintes políticos preocupantes para el futuro gobierno dilmista.

Moro impuso como fórmula para obtener información el que el ex director de Refinación de Petrobras, Paulo Roberto Costa, aceptara entregarla a cambio de la reducción de su sentencia, al igual que Alberto Yousseff, mediador para el trasiego de dinero entre la empresa estatal y los ejecutivos constructores.

Trascendió que los grandes consorcios -entre otros Camargo Correa y Odebrecht, de alcances globales- habrían aceptado desde 2003 cobrar un sobreprecio en obras de la empresa estatal, recursos millonarios que servirían para ser distribuidos entre políticos, partidos e intermediarios o “comisionistas”.

El Banco Central de Brasil bloqueó las cuentas de la mayoría de los empresarios privados sospechosos de participar en el esquema de pago de propinas –acá les llaman “coimas” y en México “mordidas”- y, tras una petición del juez Moro, fueron embargados casi veinte millones de dólares pertenecientes a los grupos Camargo Correa, Galvao, Engevix, Queiroz, UTC, IESA y Méndes Júnior

Arrepentimiento mayor

Hay confesiones de los acusados enormemente reveladoras del grado de corrupción en el caso que, junto con la difusión pública del informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) respecto a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1964-1985), ha estremecido a la opinión pública brasileña.

Con su declaración, Julio Camargo, uno de los empresarios acusados, propició el arrepentimiento de Augusto Ribeiro y del exdirector de Ingeniería de Petrobras, Pedro Barusco, quien se adelantó a las detenciones del 14 de noviembre y propuso a la Policía Federal un acuerdo de confesión, similar al de Paulo Roberto Costa.

El convenio consiste en que, además de suministrar información importante, devolvería cien millones de dólares a cambio de una eventual reducción de su pena y arresto domiciliario, en la mayor cantidad abonada en la historia de Brasil por un arrepentido.

En otras palabras, la libertad tiene un precio en el país, en este caso por el equivalente que gastó la presidenta Dilma Rousseff en su campaña electoral, rivalizando con Aécio Neves y Marina Silva, candidatos perdedores que gastaron bastante menos, tal vez cerca de los 70 millones que erogó Fernando Collor de Mello en 1989 para llegar al Palacio de Planalto.