Un tribunal europeo resolvió el martes que el Vaticano no puede ser demandado ante un tribunal en Bélgica por los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes católicos, afirmando que goza de inmunidad soberana y que las faltas de los sacerdotes y sus superiores no pueden ser atribuidas a la Santa Sede. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó la demanda presentada por una veintena de personas que dijeron ser víctimas de sacerdotes abusivos en Bélgica.

Los 24 consideraban que la Santa Sede era responsable por la forma "estructuralmente deficiente" en la que la jerarquía católica encubrió durante décadas los abusos de sacerdotes que violaron y molestaron de otras maneras a niños y adolescentes. 

Los demandantes presentaron inmediatamente una apelación ante el tribunal con sede en Estrasburgo después de que los tribunales con sede en Bélgica dictaminaron que no tenían jurisdicción dada la inmunidad de la Santa Sede como estado soberano.

El tribunal europeo dijo que los jueces belgas tenían razón y que las víctimas no fueron privadas de su derecho de tener acceso a un tribunal.

Reiteró el fallo de la corte belga de que la Santa Sede goza de inmunidad soberana y que no se aplica ninguna excepción a esa regla, ya que la conducta impropia de los obispos en el manejo de casos de abuso no puede atribuirse al Vaticano. 

Citando la decisión belga, el tribunal europeo dijo que el papa no es el "director" de sus obispos, y "que la conducta inapropiada atribuida directamente a la Santa Sede no se había cometido en territorio belga sino en Roma; y que ni el papa ni la Santa Sede estuvieron presentes en territorio belga cuando se cometió la conducta impropia atribuida a los líderes de la Iglesia en Bélgica", según un resumen del fallo.

El tribunal europeo dijo que no era apropiado sustituir su propia evaluación ya que la decisión belga no había sido arbitraria ni irrazonable.

El fallo del martes, la primera vez que el tribunal europeo puso a prueba la inmunidad de la Santa Sede, fue un fallo de la Cámara. Ambas partes disponen de tres meses para solicitar que el caso sea escuchado por la Gran Sala del Tribunal para una decisión final. 

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