La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento ya provocó su primera batalla legal: 18 estados, junto con la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia, presentaron una demanda contra la medida.

Los demandantes argumentan que la medida es una violación directa de la Constitución y afectará a cientos de miles de niños nacidos en territorio estadounidense.

La acción legal fue impulsada por fiscales generales demócratas, quienes señalan que la orden presidencial contradice el principio de la 14 Enmienda, la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país.

El documento presentado ante los tribunales cuestiona la legalidad de la disposición firmada por Trump apenas horas después de iniciar su segundo mandato y sostiene que el presidente no tiene la facultad para alterar este principio mediante un decreto.

Según el contenido de la orden ejecutiva, a partir del próximo mes, las agencias federales dejarán de reconocer la ciudadanía de niños nacidos en el país si sus padres no cuentan con un estatus migratorio regular o poseen visas temporales.

Para que un menor pueda obtener la nacionalidad automáticamente, al menos uno de sus progenitores deberá ser ciudadano estadounidense o residente permanente.

Los estados demandantes advierten que esta medida dejaría a alrededor de 150 mil niños al año en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a servicios esenciales como atención médica y programas educativos. También subrayan que, en caso de aplicarse, las finanzas estatales se verían afectadas, ya que los fondos federales destinados a la infancia podrían reducirse o desaparecer.

En la querella, los fiscales solicitan a la Corte que bloquee la entrada en vigor de la orden ejecutiva y la declare inválida. Además, buscan frenar cualquier intento de implementar regulaciones basadas en esta disposición.

“Los presidentes de este país tienen amplio poder, pero no son reyes”,

argumentan en el documento, dejando claro que usarán todas las herramientas legales para evitar que la medida prospere.

Los estados que han firmado la demanda incluyen a California, Colorado, Nueva Jersey, Nueva York y Vermont, mientras que la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia también se han sumado al litigio. Paralelamente, organizaciones en Massachusetts y New Hampshire han interpuesto demandas separadas en contra de la misma orden ejecutiva. 

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial sobre la manera en que se implementará esta directriz ni si considera posponerla hasta que los tribunales resuelvan los desafíos legales.

(Con información de Excelsior)