Trump ignora a juez y deporta a migrantes a El Salvador y Honduras

Donald Trump invocó una ley del XVIII para deportar a cientos de migrantes a bordo de dos aviones, a pesar de una orden de suspensión.

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La administración del presidente Donald Trump desoyó una orden judicial al deportar a cientos de migrantes hacia El Salvador y Honduras, pese a que un juez federal había suspendido temporalmente esas expulsiones.

La controversia estalló el sábado por la noche, cuando el juez James E. Boasberg frenó la aplicación de la proclama presidencial que invocaba una ley del siglo XVIII para justificar las deportaciones.

 

De acuerdo con documentos judiciales, mientras el juez emitía su resolución, al menos dos aviones con migrantes ya se encontraban en vuelo rumbo a Centroamérica. Uno de ellos aterrizó en El Salvador y el otro en Honduras, a pesar de que Boasberg había ordenado verbalmente su retorno.

Aunque esa instrucción no fue incluida en la orden escrita, varios expertos sostienen que el gobierno de Trump actuó en abierto desafío al mandato del tribunal.

“Esto simplemente hará que los tribunales a partir de ahora sean sumamente específicos en sus instrucciones a fin de no darle margen de error al gobierno”,

advirtió Steve Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown. Para él, la administración desobedeció “el espíritu” de la orden judicial, al ejecutar las deportaciones antes de que los migrantes pudieran presentar argumentos en su defensa.

En un intento de justificar su actuación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el gobierno “no ‘se negó a cumplir’ con una orden de la corte”, alegando que la decisión del juez Boasberg “carecía de fundamento legal” y se emitió después de que los migrantes ya habían salido del país.

Sin embargo, los abogados de los afectados alegan que la expulsión fue acelerada sin previo aviso, mientras se preparaban recursos legales para frenar los traslados.

El sábado por la noche, Trump había firmado una orden que declaraba al Tren de Aragua —una pandilla originaria de Venezuela— como enemigo del Estado.

Esa declaración le otorgaba amplios poderes para detener y expulsar extranjeros sin las garantías del sistema migratorio ordinario.

La medida se sustentaba en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma rara vez invocada en la historia de Estados Unidos.

Boasberg, sin embargo, frenó su aplicación, subrayando que el Congreso no había declarado una guerra que justificara el uso de esa legislación.

Buekele "celebra" desacato de Trump 

El presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien mantiene un acuerdo con Washington para alojar a los deportados en el penal CECOT, celebró los traslados a través de sus redes sociales. “Oopsie… Too late” (Ups, demasiado tarde), escribió en tono irónico, refiriéndose al fallo del juez. 

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó que el acuerdo con Bukele permitiría mantener a los deportados en “muy buenas cárceles a un precio justo”.

Pese a las justificaciones oficiales, el gobierno de Trump no presentó pruebas de que las personas deportadas fueran miembros del Tren de Aragua o de que hubieran cometido delitos en territorio estadounidense.

(Con información de The Associated Press)

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