EFE
SAN JOSÉ, Costa Rica.- El escándalo por el viaje que la presidenta Laura Chinchilla realizó a Perú a bordo de una aeronave, propiedad de un empresario colombiano vinculado al narcotráfico, puso la imagen del país y la propia seguridad de la mandataria en entredicho.

El Gobierno de Costa Rica afirma haber sido víctima de un "engaño" al aceptar que una empresa petrolera THX Energy le prestase un avión privado a la Presidenta.

En un comunicado, Chinchilla, que ese mismo día aceptó la renuncia de su ministro de Comunicación, Francisco Chacón, calificó lo ocurrido como "inadmisible" y ordenó las acciones necesarias "para que nunca más se repita".

El fiscal general, Jorge Chavarría, dijo que el mayor error fue la falta de comunicación entre el despacho de la presidenta y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), lo que impidió que funcionaran los protocolos de seguridad.

Chavarría reconoció que existía un expediente sobre Gabriel Ricardo Morales Fallón, ejecutivo de la empresa propietaria del avión, THX Energy, que no tiene operaciones en el país, facilitado por las autoridades colombianas, pero nunca se le relacionó con la empresa ni con el Gobierno.

Chinchilla utilizó en dos ocasiones el avión; una de ellas, para asistir al funeral del presidente Chávez

Según la versión del Gobierno, Morales Fallon se presentó el pasado 8 de mayo ante el entonces ministro Chacón y la asistente personal de Chinchilla, Irene Pacheco, con el nombre de Gabriel O'Falan.

El colombiano, que también tiene la nacionalidad costarricense y no tiene antecedentes en este país, ha sido denunciado ante la Fiscalía por suplantación de identidad.

Los denunciantes fueron Chacón, cuando todavía era ministro, y el Comisionado Antidrogas de Costa Rica, Mauricio Boraschi, quienes reconocieron que fallaron todos los protocolos de seguridad.

Las autoridades se enteraron de la verdadera identidad del ejecutivo de THX el pasado martes, gracias a investigaciones periodísticas.

Para entonces Chinchilla ya había viajado en dos ocasiones en el avión de THX: en marzo al funeral de Hugo Chávez en Caracas y el pasado fin de semana a Perú para asistir a una boda.

Medios colombianos han ligado durante años a Morales con el reconocido narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias "Chupeta", pero esas acusaciones no han sido nunca comprobadas.

Sin embargo, en 2003 Morales apareció en los registros de las autoridades colombianas por una millonaria importación irregular de lujosos autos Skoda.

En 2009 se le vinculó con un escándalo por uso ilegal de recursos de una petrolera y en 2010 fue condenado en Colombia por falsedad material de documento público agravado, aunque ganó una apelación posterior y fue absuelto.

Boraschi aseguró que en este momento sobre Morales no pesa ninguna orden de captura ni en Colombia ni en Costa Rica, y que no cuenta con antecedentes penales en el país centroamericano.

La diputada del opositor Partido Acción Ciudadana, Carmen Muñoz, calificó hoy ante los periodistas lo ocurrido como un "ridículo" para el país.

"Hacemos el ridículo. Se expone la presidenta misma y la imagen del país con una ingenuidad increíble", expresó.

Para el diputado Walter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana, el caso de Morales y el avión utilizado por Chinchilla "demuestra que acá no se hace el trabajo que corresponde y no se toman en serio asuntos como la seguridad".

"No es posible subir a la presidenta en un avión sin saber a quién pertenece ¿Qué hace la Dirección de Inteligencia y Seguridad?", se preguntó hoy Céspedes.

Para otros, como el diputado izquierdista José María Villalta, lo ocurrido "ya no es error ni descuido, sino una amenaza clara de infiltración de crimen organizado del más alto nivel en las esferas del Gobierno".

Boraschi aseguró que "la vida de la presidenta está bajo nuestra tutela" y que en efecto, en esta ocasión, "no hubo una verificación suficientemente estricta de los antecedentes de los personeros de la empresa".

Chinchilla indicó a través de un comunicado su "profunda preocupación" por "la cadena de fallos" que hizo no se implementaran los filtros que hubieran permitido saber del vínculo del avión utilizado con "una persona cuestionada por actividades ilícitas".