Veronica Gascón

MÉXICO.- Miembros del sector privado pidieron topar el monto de reparto de utilidades que otorgan las empresas a los trabajadores, como una forma de atenuar los efectos que pueda tener una reforma en materia de subcontratación.

Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Octavio Carvajal, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) solicitaron cambiar la fórmula de cálculo de las utilidades (PTU), las cuales son un derecho de los trabajadores. Actualmente, estas corresponden al 10 por ciento de las utilidades netas de las empresas.

"Las autoridades que representan al gobierno federal han reconocido que para atenuar los efectos de la reforma es conveniente establecer un tope respecto al pago de utilidades, con lo que el sector está de acuerdo”.

"Además, es conveniente que se permita la deducibilidad del pago de prestaciones legales y extra legales, todo esto ayudará a fomentar la transición de la informalidad a la formalidad", señaló Roel durante su participación en el Parlamento Abierto sobre el outsourcing, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.

Impunidad por falta de verificación de las autoridades 

El representante del CCE se pronunció en contra de que la Secretaría del Trabajo (STPS) dé su autorización para que empresas de servicios especializados puedan operar tal como lo incluye la reforma sobre outsourcing, propuesta por el Ejecutivo federal.

"Que sea un registro y no una autorización para desarrollar una actividad legal", subrayó Roel.

La entrada en vigor de la reforma, recalcó, debe ser hasta enero del 2022 a fin de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la reforma.

A su vez, Armando Guajardo, representante de Coparmex, dijo que la subcontratación permite incrementar la competitividad de las empresas y ofrecer mayores opciones de empleo.

"Para atenuar los efectos de la reforma es conveniente establecer un tope respecto de la participación de los trabajadores en las utilidades, además de hacer esfuerzos para disminuir la informalidad donde no existe el pago de impuestos ni protección social a los trabajadores", subrayó.

Añadió que la principal razón por la cual se han registrado abusos por parte de algunas empresas es por la impunidad generada por la falta de verificación de las autoridades.

"Prohibir la subcontratación, que es una actividad lícita, es inconstitucional", señaló Guajardo.