Si la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio se llevó seis años y medio y navegó entre líneas de investigación de chile, de dulce y de manteca (verdaderas unas, verosímiles otras, descocadas y demenciales muchas más), la de la matanza de normalistas de Ayotzinapa se perfila para… no concluir jamás.

Afirmar que lo expuesto por los responsables de la averiguación fue “el cierre” del caso es no tener idea de la magnitud de todo lo que a la PGR le falta por hacer.

Esgrimir como argumento que no acusar al casi centenar de consignados de desaparición forzada tiene como propósito cubrir un supuesto “crimen de Estado” es ignorar que no todos eran servidores públicos; que sobre varios ya pesa esa imputación y que, por lo pronto (en tribunales irán sumándose otros delitos), a muchos se les imputa secuestro agravado: delito que se castiga con 100 años más de cárcel.

Lejos de su “cierre” (la declaración de El Cepillo abre más intrigantes vertientes) lo que se antoja imposible de rebatir es “la verdad histórica” narrada por el procurador…