En estos días varias organizaciones de la sociedad civil y centros académicos se reunirán con los hacedores de políticas públicas en Los Pinos para discutir el dictamen sobre el nuevo sistema nacional anticorrupción. Ese dictamen detuvo cualquier discusión legislativa en diciembre por la renuencia del PAN a aceptarlo. Y varias organizaciones objetaron su contenido por creerlo una simulación.

Seguramente se discutirán muchos tecnicismos, se debatirán asuntos conceptuales como la creación o no de un “Consejo de Ética Pública” o una comisión o cuáles deben ser las facultades de la Auditoría Superior y la Función Pública.

Suena bien.

Sospecho sin embargo que las cosas podrían ser mucho más sencillas.

Después del chasco que nos hemos llevado con el gobierno federal y ahora el del Distrito Federal, que organizaron grandes eventos mediáticos para no decir nada sobre sus declaraciones patrimoniales —y de saber que en la mayoría de los estados y municipios las cosas están igual o peor—, me queda claro que es ahí donde está la clave.

Es difícil esconder la corrupción. De nada sirve ser corrupto si uno no mejora su casa, sus coches, sus viajes, las escuelas y las vidas de sus familiares. Y por lo tanto es ahí donde hay que atacar. Y eso es muy simple.

La ley debería obligar a todo alto funcionario y legislador a hacer públicos sus bienes y sus declaraciones de impuestos anuales. Ayer Leo Zuckermann razonó acertadamente que es muy complicado que ellos, los que legislan, se obliguen a sí mismos a declarar sus bienes, y por lo tanto el asunto es perfecto para una iniciativa popular.

Las organizaciones no gubernamentales que en estos días se encontrarán con los representantes del gobierno federal deberían tomarse un café después de esa cita y planear una campaña para recolectar firmas y presentarlas a los legisladores.

Puedo imaginar desde ahora los pretextos: que si la seguridad, que si sería una afrenta a los que menos tienen, que si déjenme le pregunto a mi familia, que si la invasión a la intimidad.

Nada. El que nada se ha transado nada teme.

Ser servidor público es un privilegio. O eso dicen los que lo son. Pues que tenga algún costo, dados los privilegios.

Si eso no pasa. No hay manera. Gran idea la de Leo.