Ayer Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de México, negó a The Wall Street Journal que exista alguna relación entre la “transacción privada” de la casa en Ixtapan de la Sal y el éxito del contratista, al que Peña Nieto compró esa casa, para ganar contratos de los gobiernos que ha encabezado el hoy Presidente. “La relación de Peña Nieto con algunos miembros de la familia San Román se remonta a varias décadas atrás”, afirmó Sánchez.

El éxito de la familia San Román, por cierto, tiene número: 107 millones de dólares en contratos del gobierno de Peña en el Edomex y 40 más de contratos federales. La empresa, por cierto, nunca había ganado antes de 2012 un contrato federal. Todo esto según el Wall Street Journal. 

La reacción de Sánchez parece indicar que en Los Pinos aún no tienen claro el tamaño del problema en el que están metidos. No parecen haber medido la magnitud de la indignación, del azoro frente a lo que ha venido sucediendo desde aquella mañana en que se conoció el lío de la Casa Blanca.

Uno, dos, tres. De la casa de su mujer, a la casa de su secretario de Hacienda a su casa de Ixtapan de la Sal. Cada vez el Presidente y su vocero han dado la misma respuesta: no hay conflicto de interés, no hay nada ilegal. Todo bien, nos dicen. Y a otra cosa. Y la otra cosa es otra casa y otro golpe a la credibilidad del gobierno y a su habilidad para gobernar, convencer, comunicar, implementar.

No creo que existan demasiadas salidas hoy. Creo que el problema de la corrupción y el conflicto de interés, la manera en que se gastan y asignan los dineros públicos debe ser primordial en la agenda pública y solo así el gobierno de Enrique Peña Nieto podrá caminar durante los próximos cuatro años sin tener que esconderse o estar dando todo el tiempo explicaciones.

El sistema anticorrupción, no esa cosa rara que nació en diciembre, debe ser iniciativa preferente del Presidente. Y, por supuesto, una Comisión Especial que investigue cada una de las propiedades que han llegado a las primeras planas y otras.

Si no se toman medidas de emergencia hoy, viviremos esperando la nueva casa, el nuevo contratista, con un gobierno agazapado y receloso. Lejos, lejísimos, de aquel que se propuso transformar a México el 1 de diciembre de 2012.