San Diego.- El presidente Donald Trump extendió, por la pandemia, hasta el 31 de marzo una prohibición a la emisión de tarjetas de residencia y visas de trabajo a grupos grandes de solicitantes, mientras que una corte federal de apelaciones avaló una norma que requiere que los nuevos inmigrantes tengan su propio seguro de gastos médicos.

Ambos hechos en el último día de 2020 compendian cómo Trump ha hecho la política migratoria estadounidense más restrictiva sin el apoyo del Congreso. El presidente electo Joe Biden ha prometido revertir muchas de las acciones de Trump, pero se desconoce con cuánta rapidez y a qué grado.

Jueces federales han limitado el impacto de la prohibición a ciertas visas, la cual iba a expirar el jueves. Biden, que ahora está obligado a decidir cuándo y cómo suspender las prohibiciones después de asumir la presidencia el 20 de enero, no se refiere específicamente a ellas en su plan de gobierno.

El presidente electo tampoco se refiere directamente en su plan de trabajo al requisito de seguro de gastos médicos, y un abogado que entabló una demanda el jueves por la política lo exhortó a rescindirla de inmediato.

En abril, Trump prohibió la emisión de tarjetas de residencia —también conocidas como “green cards”— expedidas en el extranjero, lo que principalmente afecta a familiares de personas que ya viven en Estados Unidos. Después de que los partidarios de las restricciones a la migración recibieran la medida con sorprendente frialdad, el gobierno fue mucho más allá en junio al añadir las visas H-1B, que son utilizadas ampliamente por trabajadores de compañías de tecnología y sus familias; las visas H-2B para trabajadores no agrícolas de temporada; las visas J-1 para intercambios culturales; y las visas L-1 para gerentes y otros empleados cruciales de empresas multinacionales.

Trump dijo que las medidas protegerían los empleos estadounidenses en una economía destrozada por la pandemia, mientras que los grupos empresariales señalaron que obstaculizarían la recuperación.

“Los efectos del COVID-19 en el mercado laboral de Estados Unidos y en la salud de las comunidades estadounidenses son un asunto de preocupación nacional", manifestó Trump en su proclama, destacando el creciente número de casos y las restricciones de los estados a las empresas.

Los reveses que ha tenido Trump

En octubre, un juez federal en San Francisco falló que la prohibición a las visas de trabajo no podía aplicarse a los grupos que demandaron ni a sus miembros, que representan a gran parte de la economía del país: la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Manufacturas, la Federación Nacional de Minoristas, el grupo de la industria tecnológica TechNet, e Intrax Inc., que maneja programas de intercambio cultural.

En diciembre, un juez federal en Oakland, California, impidió que la prohibición a las tarjetas de residencia entrara en vigencia en contra de las familias de 181 ciudadanos estadounidenses y residentes legales que demandaron.

En su fallo emitido el jueves, un panel de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito votó 2 a 1 para despejarle el camino al requisito de Trump de que los inmigrantes tengan seguro de gastos médicos. Los nuevos inmigrantes deben demostrar en un período de 30 días que pueden obtener cobertura y pagar sus gastos médicos. Un juez federal impidió que la norma entrara en vigor casi inmediatamente después de que fuese anunciada en octubre de 2019.

El juez Daniel P. Collins, nombrado por Trump, escribió que el presidente actuó en el ámbito de su autoridad, apoyándose en gran medida en el fallo de la Corte Suprema que ratificó la prohibición de Trump a los viajes desde varios países de población mayormente musulmana. El juez Jay Bybee, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, votó en el mismo tenor.

El juez A. Wallace Tashima, nombrado por el presidente Bill Clinton, disintió, diciendo que la política es “una reorganización mayor a las leyes migratorias de esta nación sin el parecer del Congreso, un ejercicio amplio y sin precedentes de poder ejecutivo unilateral".

Esther Sung, abogada del Justice Action Center, un grupo activista que demandó para bloquear la norma, dijo estar decepcionada.

El fallo “deja claro que el gobierno de Biden debe movilizarse rápidamente para rescindir todas las proclamas presidenciales xenofóbicas del presidente Trump, incluyendo esta prohibición a tener acceso a un servicio de atención médica", señaló.

El Departamento de Justicia no respondió a un mensaje en el que se le solicitaron comentarios.

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