Ayer, después de un evento en Morelos con el gobernador Graco Ramírez, el secretario de Educación hizo comentarios sobre las escuelas y los maestros que no quisieron participar en el censo educativo. 
Como lo escribí aquí ayer, son 149 mil maestros —45 mil en Michoacán, 54 mil en Chiapas y 50 mil en Oaxaca— y unos dos millones de alumnos los calificados como “no censados”. 

Como lo hizo durante los meses del paro magisterial y las protestas en la capital del país, Emilio Chuayfett amenazó a los rebeldes. 

Cito de la nota de MILENIO: “Mientras que alrededor de 150 mil maestros de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero se niegan a ser censados para conocer su situación y delimitación laborales, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, adelantó que no cobrarán los profesores que no sean contabilizados y no se encuentren en la nómina consolidada de la dependencia en diciembre próximo”.

Cosas similares habíamos escuchado del secretario en los meses de conflicto. 

El problema de hacer esas declaraciones es que si la amenaza no se cumple, los amenazados se fortalecen. 

Así que vale la pena preguntar: ¿en serio el gobierno no les va a pagar a esos 150 mil maestros a partir del 2015? 

¿Cómo los va sustituir? 

¿Se está capacitando a los maestros sustitutos? 

Ya que no están censados, ¿cómo sabemos qué hace cada uno de ellos, qué materia da, cuántos hay por escuela y qué escuelas?

¿Están de acuerdo los gobernadores de esos tres estados?

¿Qué se va hacer con los dos millones de niños “no censados” que dependen de esos maestros para su aprendizaje?

Es decir: la pregunta más importante es más o menos la misma de hace años: ¿qué se hará con el bloque de maestros agrupados en la CNTE y, por lo tanto, con sus alumnos? Está claro que en los hechos ellos están impidiendo la ejecución plena de la reforma. Y está claro que las amenazas no sirven de mucho. 

O la opción es construir, en los hechos, dos sistemas educativos, uno para esos tres estados y otro para el resto.