Los detractores del procurador Jesús Murillo Karam han apuntado sus baterías a un blanco equivocado. Subidos en el escepticismo sobre todo lo que viene del gobierno, con mucha o mediana razón, hablan de carpetazo a la investigación del caso Ayotzinapa cuando el propio titular de la PGR, con todas sus letras, dijo ante las cámaras de televisión: “Mientras no tenga yo detenidos a todos los culpables no puedo cerrarla, es decir, no es la palabra adecuada”.

El expediente, pues, sigue abierto porque, como puntualizó elombudsman Luis Raúl González Pérez, falta ver qué dicen los jueces, qué resulta del análisis de restos en Innsbruck y cuántos involucrados más son detenidos, investigados y castigados o liberados.

Inconformes con el amplio reporte que presentó la autoridad, en el que concluye que los desaparecidos pasan a la categoría de muertos, los padres de los normalistas y sus representantes debieran afinar la mira, sobre todo los activistas que los asesoran, y poner énfasis en qué hicieron los militares aquella calamitosa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado.

Como documentó esta semana Juan Pablo Becerra-Acosta en nuestro diario, se sabe que los soldados tuvieron conocimiento de los hechos desde el inicio, pero no fue sino pasada la medianoche que un grupo de ellos se dirigió a un hospital cercano a cerciorarse de que había estudiantes heridos. El Ejército argumenta su proceder, no salir del cuartel, amparado en dos artículos constitucionales (21 y 115), pero ahí sí pueden los padres presumir que hubo omisión y exigir la aclaración del punto. Es decir, es un hecho en el que es posible abrir un debate con la opción de probar el reclamo, ya que aun el propio procurador ha dicho que los militares estuvieron en todo momento al margen y no hay una sola evidencia de lo contrario.

Se entiende que los padres mantengan la demanda de que se presente con vida a los muchachos, pero sus representantes saben que toda la evidencia testimonial y pericial, científica, concluye que están muertos. Y con base en la documentación disponible, pueden armar su estrategia en busca de probar la omisión, confrontando la ausencia de los soldados, corroborada en palabras de Murillo Karam, con los alegatos constitucionales del cuerpo armado.