No basta con que el vocero Eduardo Sánchez niegue al Wall Street Journal alguna relación entre la transacción privada de la casa que su jefe, Enrique Peña Nieto, posee desde 2005 en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan de la Sal, y el éxito de la empresa que se la vendió.

La sospecha de un favorecimiento indebido se añade a la casa que la esposa de Peña Nieto compró a otro contratista, Armando Hinojosa, el mismo a quien Luis Videgaray, antes de ser secretario de Hacienda, compró una propiedad campestre en Malinalco.

Si, como publica WSJ, fue después de aquella compra de hace nueve años que la familia San Román obtuvo “contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares en el Estado de México”, y en lo que va del sexenio la misma firma se ha hecho de “al menos 11” de alcance federal por “unos 40 millones de dólares”, lo que falta es conocer los procedimientos que se siguieron para las asignaciones: por concurso público (compitiendo con otras constructoras), o mediante inexplicables adjudicaciones directas.

Perogrullo dixit: lo que no es transparente, es turbio.