Agencias
MÉXICO, D.F.- Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no prospere la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entrevistados en la sede del máximo tribunal del país, los activistas reprobaron que se quiten atribuciones a las policías y se elimine la geolocalización de llamadas telefónicas en las investigaciones, como exige la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Miranda de Wallace indicó que la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH es en contra de la facultad de las policías de detener a personas en flagrancia de delitos, situación que incluso se estipula en la Carta Magna, así para que no se utilice la geolocalización en la investigación de algún caso, según informa Notimex.

La dirigente de Alto al Secuestro subrayó que el tema de la geolocalización ya lo avaló el pleno de la Corte “y no estamos de acuerdo en que se repita esa discusión”, que ya es cosa juzgada.

Además, dijo, la CNDH pretende quitar atribuciones a la Policía Federal, como la de detener a alguna persona cuando sea sorprendida en flagrancia en la comisión de un delito.

Aplicación retrasada

Aseveró que en las circunstancias que se viven en el país lo que menos se quiere es que se quiten atribuciones a la policía, además de que, a su juicio, con ello se quiere retrasar la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cuestionó que se quiera retrasar el código, al que calificó como un impulso de organizaciones ciudadanas como Alto al Secuestro y SOS, por lo que llamó a detener ese proceso, para que la policía pueda contar con más atribuciones en el combate a la delincuencia.

Por su parte el empresario Alejandro Martí, presidente y fundador de la organización SOS México, recordó que el nuevo código fue promulgado en marzo de 2013 y que en abril de ese mismo año la CNDH interpuso la acción de inconstitucionalidad en contra de la normatividad, lo que ha retrasado su entrada en vigor.

Subrayó que por ese motivo “venimos a dar nuestra opinión en contra de dicho recurso en nombre de un grupo muy nutrido de ciudadanos que contribuyeron en la elaboración de ese código, pues no es posible que, por ejemplo, la CNDH se oponga a la detención de un acto delictivo de flagrancia”.