Desde agosto de 2012, cuando se cambió el artículo 71 de la Constitución, el Presidente de México tiene la oportunidad, dos veces al año, de decirle al país qué es lo que en verdad le importa.

Cuál es su prioridad. Cuál piensa que es el asunto que urge resolver al país.

La herramienta se llama iniciativa preferente. Así resume el mecanismo el Sistema de Información Legislativa de la Segob: “El trámite preferente podrá pedirse hasta para dos iniciativas que no sean de reforma constitucional e implica su discusión y votación por el pleno de la cámara de origen en un plazo máximo de treinta días naturales.

Si al término de este plazo no se hubiera discutido, ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del pleno, y de ser aprobado o modificado, tendrá que ser turnado a la cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las mismas condiciones que en la cámara de origen. El propósito de esta figura es agilizar aquellos proyectos que el Presidente de la República considere primordiales para la nación”.

Desde hoy hasta el próximo domingo, que inicia el periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, el presidente Peña tiene la oportunidad de decirnos a los mexicanos qué proyecto piensa que es primordial para la nación.

Después de Iguala, la feria de las casas y contratistas, y el desplome del precio del petróleo, ¿qué quiere, señor Presidente? ¿En qué debe concentrar el Legislativo la política del país?

Algunas sugerencias.

La semana pasada se reunieron en Los Pinos por más de dos horas académicos, activistas y organizaciones sociales con los más relevantes funcionarios de la Presidencia en estos temas para discutir el Sistema Nacional Anticorrupción. Según algunos de los participantes, se avanzó y se destrabaron temas que habían detenido la discusión en diciembre.

Entiendo que el sistema contiene un aspecto constitucional que no cabría en la iniciativa preferente, pero mucho se podría avanzar con las leyes. Igual si el Presidente hiciera suya la ley de transparencia, también atorada por intereses varios y opacos en el Legislativo, y la hiciera preferente.

Esta semana, pues, el Presidente tiene una oportunidad extraordinaria para desmentir a The Economist con hechos y mostrar que sí entiende lo que debe entender.