Si reconciliar significa “volver a las amistades, o atraer y acordar los ánimos desunidos”, vaya tarea que ha encomendado la Secretaría de Gobernación a la Policía Federal.

En su informe del cuarto trimestre de 2014, enviado a la Secretaría de Hacienda, el área encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong plantea que la PF impulsó esquemas de cercanía y proximidad entre las instituciones de seguridad y prevención social, promoviendo “programas de reconciliación entre policía y sociedad” que incidan en el bienestar de las comunidades en la materia, “a través de asesorías y foros de sensibilización a la población en general”.

El documento hace énfasis en dos objetivos principales: prevenir robo en carreteras, secuestro y extorsión, con la advertencia en el modus operandi de los delincuentes, y fomentar la denuncia ciudadana.

Por promoción no ha parado. De enero a noviembre de 2014 hubo mil 411 foros de sensibilización a tres grupos específicos que no detalla; mil 30 a población, empresas, asociaciones e institutos; 149 a cámaras de autotransporte, y 232 a instituciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. En total, 63 mil 959 asistentes.

Sin ánimo de prejuzgar intenciones, es imposible conciliar las propias cifras oficiales sobre el delito con la percepción de inseguridad imperante. Menos aún, entonces, a policías con sociedad. Basta un dato estremecedor que aportó Renato Sales, coordinador nacional antisecuestro, el 21 de enero pasado, cuando se le preguntó cuántos de los plagiarios capturado en 2014 ya fueron sentenciados.

La respuesta en resumen: “El tiempo promedio para que un secuestrador alcance sentencia condenatoria es de cerca de cinco años, y eso cuando bien nos va. Hay asuntos de hace 10 años que todavía están en proceso, algunos otros que tienen 14 años. (…) No puedo dar una cifra en relación con los detenidos en 2014 que hayan obtenido sentencia condenatoria; podría decirles que muy pocos, si no es que ninguno, han recibido sentencia”.

Es la cifra de un país tercermundista que sueña con la modernidad; del país 103 de 157 en la tabla de corrupción; del país con un multihomicidio cuya “verdad histórica” apunta a policías aniquilando civiles.

Vaya tarea la de reconciliar a esas partes.