Jaime Tetzpa/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- El recurso de amparo es un derecho constitucional y algunas empresas podrían promoverlo contra la Reforma Hacendaria, en el sentido del pago de impuestos que anteriormente no realizaban, como es el concepto de las deducciones de hasta el 53% en las prestaciones a los trabajadores. 

Sin embargo, eso no indica que dejarían de pagar impuestos, señaló la presidente del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, Laura Cervera Urtiaga. 

Recomendó a los empresarios asesorarse debidamente con los especialistas en Derecho, ya que en primera instancia deberán ver si procede el recurso de amparo.

Aclaró que si al finalizar el juicio las autoridades le conceden la razón al contribuyente, éste podría solicitar la devolución del importe pagado o bien que sea considerado para cubrir futuros cargos.

Sugiere cautela

La representante del sector, sugirió a los empresarios ser cautelosos porque el amparo defiende a la persona cuando es víctima de una injusticia, pero en el caso del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos), que son transferidos al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), se les está dando un trato similar a todos. Es decir que no existe injusticia y probablemente el recurso de amparo podría ser inválido. 

“Existe confusión y en el tema de los salarios podría ser aceptado el amparo, ya que si por ley el patrón está obligado a pagar 15 días de aguinaldo y una parte de esa cantidad es exenta para el trabajador, pero la otra parte es gravada, ¿por qué la parte exenta que se obliga a pagar por ley no es deducible?”, comentó. 

Aclaró que los especialistas en derecho son los encargados de orientar a los contribuyentes, para que tomen las medidas pertinentes y no se vean en problemas posteriores.  

Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida (Canacome),  José Manuel López Campos, reiteró que la postura de Canaco es cumplir con las obligaciones fiscales. Sin embargo, si un contribuyente desea recurrir a la ley de amparo puede hacerlo porque es un derecho constitucional.