Israel Cárdenas/Mérida

El Congreso del Estado arranca hoy, a las 11:00 horas, el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura en una sesión en la que someterá a votación el dictamen para no ratificar al magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, César Antuña Aguilar, señalado, entre otras cosas, de permitir un endeudamiento de más de 600 millones de pesos a los ayuntamientos por laudos laborales.

El pasado viernes, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobó por mayoría el acuerdo para no ratificar por nueve años más, adicionales a los seis que ya tiene, al magistrado César Antuña, con una votación de cinco a favor del PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, y cuatro en contra del PRI.

Ayer más partidos políticos se pronunciaron sobre el tema; el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado local Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, declaró que está analizando el dictamen junto con los alcaldes emanados de este instituto político como Acanceh y Chacsinkín.

“Como legisladores siempre en este y en todos los temas tenemos la responsabilidad de analizar, estamos enterados y hemos estado en contacto con los alcaldes del Partido Verde para analizar el tema y para saber la opinión de las autoridades municipales, y hacernos llegar de mayor información, estamos analizando y estudiando el dictamen que salió de la Comisión de Justicia y esperando la llegada al pleno del acuerdo”.

De aprobarse por el pleno el dictamen de la no ratificación del magistrado, quien concluye su cargo mañana lunes 2 de septiembre, el Congreso local deberá nombrar al nuevo funcionario de entre una terna propuesta por el Ejecutivo.

Posteriormente, el Congreso local entrevistará a cada uno de los propuestos, evaluará sus currículum y verificará si cumplen con los requisitos legales, seguidamente el nuevo funcionario deberá rendir protesta ante el pleno del Congreso del Estado para un periodo de seis años.

En tanto transcurra este proceso, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, quedará en manos del secretario de acuerdos Omar Ferriol González, quien actuaría como encargado del despacho por ministerio de la ley.