Los últimos meses se ha visto en noticias que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha clausurado cafeterías y restaurantes porque no expiden comprobantes fiscales correctos; si bien eso amerita multa o sanciones, el SAT ha preferido clausuras mediáticas a restaurantes de renombre, ocultando su parcialidad y el gran negocio de las multas de años anteriores.

Los restaurantes formales expiden comprobantes y si quieres factura la solicitas, pero, si no la pides, a fin de mes hacen una auto factura global de aquellas ventas por las que no les fueron requeridas facturas.

En Yucatán el SAT detectó antes empresas que no hicieron la factura global al mes y las multó; todas las empresas formales se corrigieron. Esta vez sin previo aviso las clausuró por reincidentes, pero resulta que las empresas sí hicieron las facturas globales aunque no incluyeron detalle de ticket por ticket, lo cual ignoraban; esto conlleva multa mayor porque se considera incumplida la facturación global por segunda vez.

Aquí cabe la pregunta: ¿por qué no clausuran a los miles de ambulantes o restaurantes informales que hay en el país?, ¿por qué sólo a los grandes nombres que sí pagan ISR e IMSS y que sí cumplen normas de sanidad y protección civil?

La aplicación de la ley del SAT es la que genera más informalidad y desigualdad en un país que privilegia a los informales y como siempre sucumbe a los intereses del marketing político.

El nuevo negocio del SAT es revisar años anteriores para buscar errorcitos y omisiones que generan multas que, sumadas a los recargos, le reditúan buenas sumas de ingresos extra, por supuesto no presupuestales; esto también es nuevo, antes te revisaban el año anterior y si había errores te cobraban. Si eran muy grandes los errores revisaban más años; la cosa ahora es diferente: te empiezan a revisar 5 años atrás, ésta es la fórmula que más reditúa y es 100% legal, pero totalmente no ético.

El SAT actúa conforme a derecho sí y con la mira de recaudar más, pero la discriminación orientada al ataque a empresas formales y los años a revisar apuntan a un país no con interés en desarrollar una cultura contributiva sana y desarrollo económico, sino que promueve la desigualdad y la recaudación diferenciada con intereses políticos.