La calificación del gobierno mucho depende de los servicios municipales más cercanos como calles, seguridad y servicios sociales: educación, salud y transporte público; la otra calificación es del impacto económico en las familias: empleo, alza de precios e impuestos y los escándalos o éxitos difundidos en redes sociales sobre la administración pública o conducta personal asociados a delitos de corrupción y despilfarro.

Nuestros juicios son sobre lo que podemos ver o lo que las redes muestran, tanto de lo bueno como de lo malo; sin embargo, siempre existe un retraso de información sobre la administración financiera de los gobiernos que puede ocultar la gestación de un problema ocasionado por endeudamiento, desvíos, o al contrario ahorro e inversiones que sólo podemos saber cuando los gobernantes terminan su gestión.

Los políticos responderán que ahí están las cuentas disponibles, pero nada más los gobernadores cuyos partidos perdieron son acusados de corrupción y desvío, aunque todas sus cuentas fueron aprobadas por sus congresos y por los auditores de sus estados y de la Federación.

Generar una administración pública responsable depende de la administración financiera, ya que tanto las obras como el gasto social pueden esconder un endeudamiento peligroso, retraso de pagos a proveedores o desvíos de presupuestos en épocas preelectorales y que estallan en déficits y escándalos pasados los comicios.

Para evitar este escenario, el Instituto de Economía y Administración sugiere transparencia financiera oportuna y completa, con candados a situaciones financieras críticas.

1) Respeto al presupuesto aprobado y una ley que explique las diferencias y desvíos del dinero aplicado. No hay nada más violado que un presupuesto público aprobado por los congresos, tanto estatal como federal; las diferencias con el dinero aplicado realmente no generan responsabilidades ni administrativas ni penales; así nunca se va respetar la voluntad popular.

2) Techo financiero al endeudamiento tanto a entidades financieras como a proveedores. Si bien ya existe una ley de responsabilidad hacendaria, sólo aplica a endeudamiento con bancos, no toca a los proveedores que siempre castigan y provocan alzas en precios. Al final sólo compiten por las compras públicas las empresas grandes que pueden aguantar retrasos prolongados.

3) Ley para llevar a deuda pública aquellos pagos a proveedores que tarden más de un año en saldarse. Transparentará las deudas que suelen conocerse años después.