Existe una alta concentración mediática por el presupuesto del país para 2018, como si los ingresos y los gastos proyectados se ejecutaran al pie de la letra, como si la opinión y el debate de los legisladores fuera determinante en el destino de la riqueza pública para la solución de las necesidades sociales; nada más lejos de la verdad.

Para el año 2016, la Cámara de Diputados aprobó 72 millones en comunicación social de la Secretaría de Salud, al final del año gastó 1,543 millones; a comunicación social de la Secretaría de Educación se le asignaron 76 millones, al final del año gastó 1,082 millones; a comunicación social de Sedesol se le aprobaron 73 millones y terminó gastando 573 millones; en Sedatu fueron 38 millones para oficialía mayor y terminó con 2,383 millones, pero los programas de gasto directo social no se mueven, sólo los administrativos y de comunicación social.

De los 4 billones de pesos en 2016, se modificaron 950 mil millones; es decir, casi un 25% no se aplica a lo que publicaron los medios y aprobaron los legisladores.

En los ingresos pasa igual: en 2016, se obtuvieron un 13% de ingresos adicionales -cerca de 670 mil millones de pesos-, o sea unas 16 veces el presupuesto de Yucatán o 6 veces el de Yucatán, Campeche y Quintana Roo juntos.

El problema es que, si bien se reportan los cambios, no existe el escrutinio público a las modificaciones por una sencilla razón: si el cambio es menor del 5% no se sabrá hasta que termine el año, pero hay partidas de 65 mil millones y si cambia el 5%, aunque es mucho dinero, se sabrá tarde.

La realidad es que los recortes anunciados para 2016 en el presupuesto nunca se ejecutaron ni tampoco consideraron las ganancias del Banco de México, ni se legisla el destino de ingresos adicionales como licitaciones o recaudación mayor de la esperada.

Si hubiera un ejercicio mediático o mecanismo legal obligatorio para que los desvíos al presupuesto se revisaran, justificaran y sancionaran, el país estaría más acorde con lo planeado y que al final es la voluntad el pueblo; esta falla hace que la discrecionalidad política esté por encima del orden financiero y democrático. Veremos en marzo de 2018 cómo nos fue en 2017.