Se le cuestiona a AMLO el estilo y las soluciones apresuradas, pero nadie se atreve a subestimar la legitimidad de sus acciones, de ahí el 85% de aceptación nacional que tiene. La agenda de temas que ha seleccionado y que anclan al país en el subdesarrollo ha asustado a todos y al tocarlos causan revuelo en la forma, pero nadie puede cuestionar los añejos problemas nacionales que hoy se enfrentan, como la inseguridad y la Guardia Nacional, monopolios como el bancario, rapiña como el huachicoleo, injusticias como cobrar saldos sobre veces de salario mínimo en el Infonavit, impunidad en el Poder Judicial, etc.

Hoy toca el acoso a las instituciones autónomas, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), donde se ataca un presunto conflicto de interés por el titular, pero todos sabemos que en el fondo no es el tema por la cual se quiere expulsar a su director, sino la forma de operar de la CRE que provoca el cierre o déficit de empresas del sector energético por inoperantes para atraer al capital privado a las empresas del Estado.

En el sexenio del presidente Peña Nieto se crearon seis autonomías, lo más raro es que el afán de generar esos órganos se justifica en que el gobierno no tenga injerencia en temas técnicos que pudieran afectar el buen funcionamiento de las empresas públicas o privadas que regulan, pero en los resultados denotan una realidad diferente, tal parece que algunas instituciones autónomas tienden a diagnosticar un escenario constante: el Estado no es capaz de administrar y la iniciativa privada sí, pero preferencialmente la extranjera o los grandes consorcios nacionales.

En diversas columnas periodísticas se critica el ataque a la autonomía de la CRE, cuestionada por la 4t, como un objetivo de gobierno perverso para controlar todo el aparato público sembrando la idea de que es el inicio de una era de autoritarismo donde se dinamitan los contrapesos que deben ser las instituciones autónomas.

Pero fuera de las definiciones teóricas de las autonomías y su bien diseñado disfraz de organizaciones impolutas al servicio de los mexicanos, nadie cuestiona a organismos como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de Protección de Datos y la Fiscalía General de la República.

Sí cuestionamos los intereses políticos en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pero sobre todo los económicos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y la propia CRE.

En conclusión: las instituciones autónomas no deben tratar asuntos de negocios y del libre mercado -los intereses económicos son más grandes que ellas- o seguiremos viendo gasolineras extranjeras, pocos bancos en el sur del país, regulaciones a modo, políticos preparando su próximo trabajo y licitaciones centralizadas dirigidas a grandes corporativos del centro del país.