Al final todos somos rehenes de nuestros pensamientos y de nuestros discursos, pero los que muestran mayor resistencia para modificarlos conforme a las circunstancias pueden quedar atrapados irremisiblemente en ellos. Eso sucede tanto entre los partidarios del pensamiento totalizador que, habiendo creado un sólido sistema de axiomas en el que encuentran explicación a todo lo que sucede y no quieren renunciar a esa comodidad, como entre los que son reacios a reconocer sus equivocaciones, pues sería un síntoma de debilidad.

Así, el gobierno de la Cuarta Transformación parece limitado por su afán de llevar al extremo dos ideas que son comunes a todo gobierno: la prisa por presentar resultados tangibles y la necesidad de diferenciarse de los demás regímenes.

La primera corresponde a su afirmación de que a México lo único que le ha faltado es un buen gobierno y la segunda le impide reconocer los aciertos de los gobiernos anteriores.

Aunque esa actitud nos lleve a reeditar discusiones que nos remontan a la edad media y que han sido históricamente saldadas en occidente, como las referentes a las pugnas hipotéticas entre la legalidad y la legitimidad, así como al “deber moral” de no acatar una ley injusta, usada entonces por el poder eclesiástico para oponerse al surgimiento del Estado en su concepción moderna.

Que en la discusión de la reforma de la Reforma Educativa ha sacado a relucir el presidente para justificar su famoso “memo”, donde ordena a sus funcionarios incumplir la Constitución con un “déjà vu” virreinal del “acátese, pero no se cumpla”. Que con inusual sensatez Monreal soluciona argumentando que si hubiera una ley injusta es responsabilidad del Legislativo corregirla, aunque luego reculara.

Es verdad, tanto los asuntos de legitimidad como los de justicia se resuelven con el cumplimiento estricto de la ley, ya que la naturaleza del Estado es civil y laica; no moral y menos eclesiástica.

Y conste que no vale trivializar el asunto pidiéndole al Poder Judicial que resuelva sobre la validez o no de algo tan notoriamente improcedente como el “memo”, de la misma manera que resulta inapropiado someter al Poder Legislativo a los caprichos de un grupo de interés, como la CNTE, ofreciendo que no saldrá la ley si no están de acuerdo.

Sabemos que en las negociaciones con los grupos de presión son comunes los amagos y las amenazas, por ello la prudencia aconseja no hacerlas públicas, de la misma manera que cuando una de las partes demuestra debilidad la otra tratará de sacar mayor provecho.

Nadie duda de que la CNTE quiere regresar a una situación que la sociedad rechaza. El gobierno debe decidir entre quedar bien con sus ocasionales aliados u optar por el bien común.