En lo que respecta a la democracia en México hemos visto en décadas la transición de formas, tal vez, distintas de gobierno que de alguna manera han definido nuestra realidad civil, de igual manera, se han ido incorporando nuevas posibilidades de participación que trascienden el desarrollo del actuar democrático.

Como ciudadanas y ciudadanos distantes, ocasionalmente miramos la estructura democrática como un ente apartado de nuestra dinámica individual, reduciendo la acción participativa únicamente al sufragio universal de presidentes, senadores y diputados, posiblemente el origen de nuestra desidia pudiera atribuírsele al hecho de que apostamos confiadamente en que los representantes políticos al ser elegidos velarán por el bien de la nación, lo que por consiguiente se reflejará en mejores condiciones sociales para todos, sin embargo, recientemente se han exhibido de manera innegable los actos de corrupción de funcionarios públicos cercanos al ejecutivo de las administraciones pasadas, lo que pone en entredicho la idea que se mantiene sobre la buena representatividad de los gobiernos y sus integrantes.

Si bien hablar de democracia conlleva profundizar en un debate teórico-práctico de los rasgos que definen nuestra realidad, no resta que se pueda hacer un esbozo de aquello que se manifiesta en nuestros días como resultado de los cambios en la política pública nacional, y es que si algo puede ayudar a corregir la gobernabilidad efectiva es la participación ciudadana organizada y pacífica, apoyada en el marco legal. Por este motivo reforzar esta práctica podría beneficiar la interrelación con las autoridades electas e intervenir en la toma de decisiones públicas.

En cuanto a estas posibilidades de intervención reconocemos la que en recientes meses hemos experimentado con la consulta ciudadana para llevar a juicio a ex presidentes, en donde si bien se reflejó un déficit de participación ciudadana, se distinguió como el primer ejercicio constitucional fuera de la elección de cargos populares, ahora tenemos la posibilidad de retomar esta herramienta para la revocación de mandato, mecanismo que causa polémica al poner sobre la ciudadanía el control de la figura presidencial, puesto que es una forma de rendir cuentas antes de dar por concluido su mandato, no obstante, este ejercicio puede representar efectos positivos para nuestra democracia, ya que por un lado, permitiría evaluar el desempeño del ejecutivo, forzarlo a informar sobre sus decisiones y conductas sin que esto debilite la estructura democrática, y por otro lado, rescataría de la apatía participativa a una parte de la población que se mantiene escéptica a los nuevos mecanismos.

En suma, nuestra democracia no es un hecho concluido, sino que puede transformarse de forma que existan y se posibiliten mayores oportunidades de decisión en la vida pública y política.