En política no hay marcha atrás, comprender el presente significa mirar el pasado, las transformaciones verdaderas solo surgen si somos capaces de reconocer los errores para transitar hacia el cambio prospero e igualitario.

El pasado domingo (17 de abril) se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la discusión y votación sobre el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la propuesta en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica enviada por el ejecutivo.

En resumen, luego de varios días de tensión entre las dos posturas políticas a favor y en contra, los argumentos se distinguen en dos sentidos, aquellos que consideran que es necesaria una mayor intervención del sector privado para la generación de energía, es decir, mantener vigente la actual reforma del 2013 que se resume en conservar la apertura a empresas y la inversión extranjera reduciendo la operatividad de la empresa pública CFE.

Por otro lado, se defiende la postura para fortalecer la CFE que consiste en otorgarle el 54% de la generación, distribución y comercialización, e ir paulatinamente recuperando la soberanía energética y el desarrollo de esta industria, con esto se podría, a largo plazo, controlar de manera equitativa los precios en beneficio de los consumidores.

Desafortunadamente la reforma no fue aprobada por no alcanzarse la mayoría calificada al obtener en contra 223 votos (PAN, PRI, PRD y MC) y a favor 275 (Morena, PT y PVEM), como resultado no se hará ninguna modificación constitucional, sin embargo, se mantendrá una revisión y control sobre las concesiones otorgadas a privados, situación que inquietará a los movidos por intereses particulares.

A todo esto, la decisión de rechazarse la reforma eléctrica ha trascendido los curules del Congreso, como ciudadanos más conscientes sobre lo que sucede en el país hemos identificado estas dos razones, poniendo principalmente en juicio a quien debería corresponder el manejo de la energía eléctrica y los recursos naturales, si debería ser un bien público o privado.

Lamentablemente no pudimos votar por esta decisión, aún así colocamos en manos de nuestros legisladores y legisladoras esta importante votación, que como mencioné en mi artículo anterior, el estar experimentando una transición democrática importante exige que también seamos más críticos sobre la valoración de las acciones tanto políticas como partidistas y darle seguimiento a éstas de manera que se garanticé que se defiendan los intereses sociales.

Sin duda, son tiempos de exigir congruencia a nuestros representantes, la ciudadanía no es ignorante y tiene memoria.