La violencia de Estado en México contra el normalismo rural continúa acrecentándose, el pasado martes 18 en Chiapas, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas (Morena), desplegó un desalojo de estudiantes, campesinos y aspirantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, que protestaban en la caseta de cobro “Chiapa de Corzo”, dejando un saldo de 95 detenidos, 74 mujeres y 21 hombres. Habiéndose liberado de forma condicional a las 74 detenidas, lo que significa que seguirán vinculadas a un injusto proceso, quedando presos los hombres cuya situación se definirá hoy en una audiencia. Además, según denuncias de diversas organizaciones, se habla de la desaparición de algunos jóvenes, lo que de confirmarse podría significar un gravísimo nuevo caso de desaparición forzada, que se sumaría a los 43 de Ayotzinapa, herida abierta y con mucho por revelar. Las mujeres detenidas han denunciado acoso y violencia sexual por parte de los policías que las sometieron.

Estos hechos se suman a la lista represiva del gobierno chipaneco, que, en 2019, reprimió a los normalistas de Mactumatzá y de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe (ENIB) Jacinto Canek, que resistían ante los recortes a la matrícula y al presupuesto destinado para su educación. En otro caso y en pleno contexto de la pandemia de Covid-19, normalistas de la Normal Rural de Tiripetío en Michoacán, fueron encarcelados y sujetos a proceso penal por protestar y defender el presupuesto escolar, debido a que a nivel nacional las escuelas normales rurales se vieron agredidas por recortes mayores al 60%, un claro atentado contra la educación pública, sin olvidar que en México hay cientos de egresados que continúan sin respuesta ante su demanda de acceso al servicio docente. El desprecio contra el normalismo es sistémico y cuenta ya con una larga trayectoria de varias décadas que se remonta al menos a 1969, cuando aconteció el cierre de muchas normales rurales y se intensificó la criminalización.

La demanda de los estudiantes-aspirantes de la Normal Rural de Mactumatzá es que el examen de admisión se realice de forma presencial y escrita, ya que el 95% de la matrícula de aspirantes proviene de comunidades con alta marginación y no cuenta con servicios de luz, internet y equipo de computación, petición a la que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a puesto oídos sordos, ignorando las propuestas de diálogo y reconocimiento de la realidad y de las necesidades específicas de la comunidad educativa de Mactumatzá, resultando una absoluta sinrazón pretender evaluar a los aspirantes de forma virtual en uno de los Estados del país con mayor grado de pobreza, marginación y con menor conectividad a internet de toda la república, por lo que efectuar el examen en línea únicamente acrecentaría la desigualdad en el acceso a la educación.

La cerrazón del gobierno chiapaneco debe cesar, el gobierno federal no puede continuar guardando silencio cómplice ante estos hechos, el derecho a la libre protesta y a la educación deben ser garantizados y los responsables de la violencia de Estado castigados. A través de esta trinchera, nos sumamos a la exigencia de la liberación incondicional de las y los detenidos, castigo a los agentes policiacos que cometieron agresiones sexuales, solución de las demandas de los estudiantes de Mactumactzá y alto a la represión-criminalización del normalismo rural en todo el país.