En los últimos días el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ha vuelto a estar en los titulares de diversos medios, las declaraciones vertidas con base en el más reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalan cada vez con más claridad la participación de la Marina y elementos del Ejército, algo que no sorprende a nadie que desde el inicio haya dado seguimiento de forma serie a lo acontecido, pues desde pocos horas después de la desaparición sucedida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, el clamor popular y de diversos grupos de investigadores ha señalado irrestrictamente un Crimen de Estado.

El abogado Vidulfo Rosa, quien acompaña a los padres de los desaparecidos, afirmó que “las Fuerzas Armadas han jugado sucio, su papel ha sido lamentable”, refiriéndose a las diversas trabas puestas por los mandos de dicha corporación, el ocultamiento de pruebas, el aletargamiento de los procesos, el silencio culposo y demás mañas, incrementan la molestia y el cansancio de los familiares, que de una u otra forma han tenido que confiar en que las instituciones gubernamentales, e incluso, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, harían algo para por fin revelar los detalles aún oscuros de este crimen de lesa humanidad.

El video que ha difundido el GIEI, permite corroborar la intervención en el secuestro y la posterior desaparición de los estudiantes normalista por parte de elementos de la Marina, los vericuetos discursivos del poder y la retórica de la negación, no han podido hasta hoy “limpiar” de culpa a las instituciones militares del país, al contrario, con el paso del tiempo van saliendo a la luz más evidencias de que estas corporaciones participaron, supieron y permitieron que se llevara a cabo el atroz crimen que lacera las esperanzas de justicia para nuestra nación tan vilipendiada.

En estos últimos días también ha quedado más clara la intervención y el espionaje gubernamental y militar que se efectúa sobre los estudiantes rurales de Ayotzinapa, la infiltración y el seguimiento de los normalistas está documentado, hechos que nos recuerdan que la guerra sucia gubernamental contra los movimientos sociales no ha finalizado, sino que ha encontrado nuevas maneras, aunque al final terminan en lo mismo, que refrendan la criminalización y la represión del Estado.

El cansancio y la desilusión de los familiares va en aumento, tres años del llamado gobierno de “cambio y transformación”, pero seguimos en las mismas, pues si bien se suman una u otra prueba, todavía nos falta llegar hasta las cúpulas del poder, el ex presidente Enrique Peña Nieto debe responder por este crimen atroz, por la burla inhumana de la llamada “verdad histórica” y por su complicidad descarada, los mandos militares deben ser sometidos a juicio y toda la evidencia debe ser dada a conocer.

La verdad de Ayotzinapa no es una simple resolución jurídica, es un deber moral y ético que se tiene con el pueblo mexicano y del mundo, ya que la exigencia de justicia rebasa las fronteras formales y se suscribe en la solidaridad internacionalista. ¿Cuánto más creen los poderosos que aguantaremos sin justicia?