En 2001 Vicente Fox tomó la decisión de no procurar una nueva Constitución para México. Cancelaba así la posibilidad histórica de construir un nuevo sistema político, adecuado para la pluralidad y las exigencias de participación política de la ciudadanía contemporánea. Se sentaba la premisa absurda de que se podía gobernar a la nueva sociedad con el viejo modelo político. El resultado fue el contradictorio arreglo político en el que el país se encuentra hasta el día de hoy. Las condiciones básicas para el funcionamiento del sistema de partido de Estado -el partido hegemónico, y el omnímodo poder presidencial- dejaron de existir al perder el PRI la Presidencia. Las funciones que el jefe de Estado cumplía, pero que no estaban en la Constitución -desde árbitro de su partido, hasta control de gobernadores- dejaron de existir.

Poderes bajo su égida -los propios gobernadores, las televisoras, los sindicatos, los rectores, el Ejército, las iglesias- se vieron de la noche a la mañana libres de ese poder arbitrario, pero al mismo tiempo sin sujeción a un nuevo orden legal que limitara sus acciones. El sistema electoral -diseñado para administrar las victorias aplastantes del partido del gobierno-, puesto a funcionar en las nuevas condiciones de pluralidad, es incapaz de producir otra cosa que no sean gobiernos y congresos de minoría.

Esta minoría social significa que gobernadores y presidentes, al momento de tomar posesión de sus cargos, tienen siempre a proporciones tan elevadas como dos terceras parte de los votantes en contra de sí. Dado que el sistema tampoco establece mecanismos que obliguen a formar gobiernos de coalición, en donde distintas fuerzas políticas se sumen para establecer un programa de gobierno con apoyo de la mayoría de la sociedad, los consensos logrados para establecer políticas particulares -como los logrados por Peña en el Pacto por México- no dan a los gobiernos respaldo duradero, y más bien desgastan a sus aliados de coyuntura. Esta condición se encuentra en la base de los fracasos de Fox, Calderón y Peña, independientemente de sus personales errores.

Pese a la gravedad de esta situación, a tres sexenios de la alternancia, ni partidos ni sociedad le dan importancia al cambio del régimen político del país. Como consecuencia, el nuevo presidente será electo bajo las mismas bases que los anteriores, garantizando un gobierno de minoría, profundamente débil ante una sociedad que lo rechazará muy mayoritariamente y que del mismo modo se opondrá a sus políticas y acciones de gobierno. No importa si el próximo presidente es un político curtido, cómo López, Zavala u Osorio, o un aventurero, como Anaya, El Bronco o Moreno, las bases para su fracaso necesario ya están sentadas.