Una de las líneas predilectas de la campaña contra López Obrador es la que insiste en que, de llegar a la presidencia, hará de México una réplica de la Venezuela de Chávez y Maduro. Circulan en las redes videos de venezolanos que, en todos los tonos, conminan a los mexicanos a evitar la desgracia económica y represiva que significaría el triunfo del tabasqueño. En algunos se refieren las historias de notables presos políticos, encarcelados sin más falta que el disenso. Creo que hay diversos temas sobre el muy probable gobierno de Andrés Manuel que exigen atención y en algunos casos preocupación, pero particularmente en relación con la represión, creo que las inquietudes están menos fundadas que, probablemente, en cualquier otro aspecto.

Es verdad que Andrés Manuel no es afecto a los mandos colegiados ni a ceder espacios de poder real a sus opositores o disidentes. Cuando tiene la legitimidad de los votos, la pluralidad no es una de sus prioridades y, sin lugar a dudas, prefiere tomar las decisiones partidistas o gubernamentales de manera personalísima. También es
verdad, sin embargo, que, con más o menos aspavientos, invariablemente actúa dentro de los límites del sistema, incluyendo el no recurrir ni a la violencia ni a la represión institucional. Si se consideran inclusive la toma del Paseo de la Reforma, los bloqueos de carreteras en Tabasco y hasta el hacerse declarar presidente legítimo por sus bases, se puede apreciar que esas acciones de confrontación no estaban previstas para provocar una ruptura institucional, sino para generar presión sobre un sistema que no se aspiraba a destruir. De manera análoga, su rudeza se ha mantenido rigurosamente dentro de la acción política. En su gobierno procurará desde luego marginar tanto como pueda a sus adversarios externos e internos cuando su peso político o económico no sea suficiente para merecer una alianza, pero no es de esperar que los someta a persecución, limitándose a la exclusión, a la que recurre normalmente sin remilgos. En cuanto a la violencia, institucional o no, ésta nunca ha sido incluida en su repertorio del ejercicio del poder. A diferencia de muchos otros gobernadores, López Obrador no enfrentó acusaciones graves de violación de derechos humanos durante su administración. Esto incluyó no cobrar venganzas políticas encarcelando adversarios, ni utilizar el acoso judicial como instrumento de poder. La consecuencia es que, por ejemplo, las campañas negras no recurren a hechos de su pasado como gobernante,
sino a analogías con Venezuela.

La presidencia de López Obrador buscará, él lo ha dicho, en políticas públicas pasadas guías para su gobierno. No me parece, sin embargo, que haya razón para esperar entre ellas la política del garrote.