Rosendo Radilla Pacheco se dio a querer en Atoyac de Álvarez, Guerrero; cuando fue presidente municipal de su pueblo construyó el cuartel militar en el que fue recluido al ser aprehendido sin orden judicial por soldados del ejército nacional. El hombre era un verdadero activista comunitario, se interesaba por la salud, el trabajo y la educación, pero, sobre toda las demás actividades, gustaba componer corridos a Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, ambos guerrilleros de la sierra guerrerense. En el contexto de la “guerra sucia” fue hecho prisionero en un retén militar, los soldados detuvieron el autobús en el que viajaba a Altamirano, eso fue en 1974. Aquí comienza su historia de desaparecido. Simplemente se esfumó en túneles de la burocracia militar. Sus familiares interpusieron denuncias en todas las instancias judiciales nacionales, ninguna surtió efecto. Los que lo querían nunca lo dieron por muerto, simplemente lo catalogaron como una desaparición forzada.
Esta víctima de la “guerra sucia” del siglo pasado era uno más dentro de las cientos de desaparecidos por las fuerzas militares, policiacas y paramilitares en esos contextos, nadie se imaginó en esos tiempos que su caso haría temblar los cimientos jurídicos del país; el caso Radilla Pacheco Vs gobierno de México cambió el panorama constitucional.

Las instancias internacionales, a partir de denuncias de familiares y organizaciones civiles, dieron trámite a la desaparición de Rosendo; primero la conoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después la Corte Internacional emitió sentencia que fue combatida por expertos juristas especialmente designados por el ex presidente Felipe Calderón. La sentencia de la Corte consistía en la petición de perdón público por las autoridades nacionales, reparación económica del daño causado y una placa en recuerdo de Rosendo Radilla en su pueblo natal. Nada difícil de cumplir, pero nunca se acató. Fox, tratando de paliar la situación, envió el caso a las instancias jurídicas militares. Los juristas internacionales juzgaron el procedimiento como una burla a la razón.

El caso Radilla Pacheco causó escozor en los soberanistas, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró incompetente para juzgar y recomendó cambios estructurales en la Constitución Política de la nación. En 2011 se decretó que los Derechos Humanos son el elemento articulador de la Constitución Mexicana. Otra causa del caso Radilla es la acotación del fuero militar en donde se vean involucrados civiles. Dicho de otra manera los militares deben ser juzgados por leyes civiles en delitos de orden civil.