No todo asesinato de mujeres es feminicidio. El concepto es muy sensible y, en la mayoría de los casos, el término legal es utilizado por grupos cívicos y feministas como arma política contra los mandatarios y exaltar el nefasto, nefando y funesto orden patriarcal. De todas las formas de homicidio, la más politizada es la cometida contra mujeres. Autoridades judiciales, medios de comunicación, formadores de opinión y otros utilizan la categoría criminal, sin los argumentos que sostengan la acusación, provocando con ello percepciones equivocadas.

Es claro que el asesinato de mujeres expele olor a misoginia, sobre todo cuando hay historiales delictivos en el territorio nacional, en el cual las autoridades judiciales fueron rebasadas.

La muerte por razones de género, tipificada como feminicidio, tiene como característica principal el odio a la mujer, por el hecho de serlo, y la indolencia y fallas persistentes del Estado en cuanto a la prevención y castigo del asesinato. Intrínseca a éstos puede existir violencia de diversos tipos, como: violación, mutilación, etc. Los asesinatos perpetrados en los últimos meses en Yucatán carecen de esos espíritus gravosos. Las causas predominantes en esos decesos se fundamentan en razones de amor. Del amor enfermizo basado en la inmadurez machista, muy bien expuesto por Freud, donde la mujer es seguro de vida y propiedad del hombre. La violencia en su máxima expresión ejercida contra la mujer, no es en razón del género, surge del sentimiento de pérdida de “su mujer”, “sus hijos”, su “vida hecha”; es la conformación mental que culturalmente se les ha enseñado mediante la educación tradicional ejercida en el hogar y retroalimentada en la educación institucional.

Existen agrupaciones civiles, en nuestro entorno y a otros niveles, que exigen que toda muerte de mujer sea investigada como feminicidio e incluso autoridades judiciales prefieren esta vertiente, para evitar ser producto del escarnio de feministas inconformes; estos criterios obstaculizan la aplicación de justicia justa. En el terreno de la aplicación del derecho las compensaciones jurídicas a la inequidad resultan aberrantes, y a plazos contados causan mayor desequilibrio y rencor en la población.

Nuestros sistemas de justicia funcionan, los criminales que segaron la vida de mujeres que bordaron su historia se encuentran recluidos y bajo proceso penal; exacerbar odios y politizar los hechos de sangre no contribuye a mantener la seguridad a la que tenemos derecho. ¿Feminicidio? ¿Alerta de género? Lo que sea, en su justa dimensión.