El jueves 13 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la vacuna contra el Covid-19 será gratuita y todos los mexicanos tendrán acceso a ella.

Si alguien sabe vender mensajes de esperanza es López Obrador, porque en la realidad existen otros enfermos y otros necesitados, por ejemplo la Sra. Rosalía Magaña Arellano, quien se vio en la necesidad de acudir a las redes sociales con su pequeño hijo que padece cáncer para recordar a las autoridades que no existen las medicinas para las quimioterapias; ojalá que en la 4T entiendan y atiendan estas necesidades.

Ningún país estaba preparado para enfrentarse a la pandemia, pero la terquedad de López Obrador exhibe las deficiencias que existen en su gobierno y, en vez de reconocerlas y subsanarlas, confronta a quien las exhibe.

Ante esta emergencia, los empleados del sector salud federal -Issste e IMSS- se rebelan en la mayoría de los estados, en donde hay muchas muertes por falta de medicamentos y equipos.

Si alguien tiene un conocido que trabaje en los hospitales del IMSS, Issste y Alta Especialidad, pregúntele si el gobierno de la república está equipando a médicos, enfermeras, camilleros y asistentes de limpieza con el material adecuado para no contagiarse. Contrariamente quien sí está proporcionando equipo a las clínicas federales es el gobierno del estado.

Pero además, ante los estragos que causa la pandemia de Covid-19 existe un grupo de exfuncionarios gubernamentales que estuvieron en los doce últimos años en el Palacio de Gobierno y que acompañaron a los exgobernadores Ivonne Ortega y Rolando Zapata, y los exdiputados locales y federales del tricolor que hoy “con suma preocupación” cuestionan los números y las medidas que se toman para enfrentar esta mortífera pandemia del coronavirus.

Se les olvida, sin embargo, que durante más de una década dejaron tirados tres grandes hospitales en Ticul, Tekax y Valladolid, donde a pesar de que los recursos por más de 100 millones de pesos llegaron las obras seguían en el abandono. Este mismo grupo dejó una deuda de 900 millones al Isstey e Issste, ya que les descontaba a los trabajadores sus cuotas pero nunca ingresó esos recursos a dichas instituciones, lo que pone en peligro prestaciones económicas como son créditos a corto y largo plazo, adquisición de vivienda y hasta jubilaciones. Y ahora dicen estar preocupados por la salud y bienestar de los yucatecos.

El grupo de Zapata Bello ya está trabajando para que éste acceda a una diputación federal, ya que su relación con el líder del CEN del PRI, Alejandro Moreno, es buena; su equipo se dividirá, y unos se irán al Verde-Morena. Otro que desea ser legislador federal por el quinto distrito es el excandidato al gobierno del Estado, Mauricio Sahuí.