En la historia de la humanidad no son escasos los intentos de regular la conducción de la guerra; en la civilización azteca, por ejemplo, se libraban batallas con número de contendientes, días y lugares previamente acordados; en China, Sun Tzu, estratega del siglo v, y en el Imperio romano, mediante el ius gentium, se reconocían restricciones universales a la conducta bélica.

Entre los instrumentos contemporáneos más relevantes para identificar, regular y sancionar las cuestiones de la guerra se encuentra el Derecho Internacional Humanitario (DIH o ius in bello), el cual limita jurídicamente la forma en que se conducen los contendientes. Entre otras, tales restricciones se refieren al tipo de armas empleadas.

En la práctica, la identificación de conflictos armados de carácter internacional comporta menos dificultades que la de conflictos internos, precisó Ana Gabriela Rojo Fierro, catedrática de la University of Amsterdam .

El caso de México parece ilustrar esta situación, al ser un país que lleva más de una década asediado por actos la violencia. En la práctica, la lucha contra el crimen tiene un saldo de más de 200,000 muertos, 60,000 desaparecidos e incontables fosas clandestinas.

El debate reaparece cuando el International Institute for Strategic Studies (IISS) emite un informe en el que no sólo afirma que México se encuentra en medio de un escenario bélico, sino que lo ubica como el segundo conflicto armado más violento del mundo, sólo después de la guerra civil en Siria.

En México, una estrategia militarizada, centralizada y enfocada en la oferta fue la constante en las administraciones de Felipe Calderón (2006- 2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En 2010 se estimaba que había al menos 45,000 soldados mexicanos cumpliendo labores de policía, mientras que todos los miembros de la Policía Federal Preventiva alcanzaban apenas una cifra de 35,000 agentes.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ha argumentado la necesidad de replantear la estrategia de seguridad e implementar acciones que privilegien la seguridad ciudadana, enfatizando el combate a la desigualdad, la corrupción y la impunidad, pero en dos años de gobierno más de 70 mil personas han sido asesinadas en México (El universal 01/12/20). La organización Causa Común registró entre enero y julio de este año 429 masacres.

A pesar de la narrativa oficial de la 4T y de su principal promotor, el presidente López Obrador, en materia de inseguridad y el combate al crimen la estrategia de los abrazos y “acusarlos con sus mamás y abuelos” no ha funcionado.