Uno de los temas que tendrá que afrontar la 4T es la percepción de inseguridad que se vive en algunas regiones del país, a pesar de que el gobierno federal siempre trata de minimizarlo, pero miles de ciudadnos se tienen que enfrentar al llamado cobro de derecho de piso que los grupos criminales realizan a los sectores productivos del país sin importar el tamaño del negocio.

En el combate al crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende regular la conducta de agentes extranjeros, en especial los de la DEA, que investigan las actividades del negocio ilegal de las drogas y cómo opera en nuestro país. El Estado mexicano tiene todo el derecho de saber cómo se mueven los agentes extranjeros y sus conexiones con los capos de la droga. Pero también tiene la obligación de dar resultados en materia de inseguridad, ya que hay la percepción de que en este sexenio a los grandes grupos criminales se les tolera o solapa.

La 4T ha planteado la necesidad de que Estados Unidos castigue con severidad a los que trafican e introducen armas en el país, una industria que tiene grandes cabilderos en los círculos políticos de los vecinos del norte, de la misma manera espera que se detenga el comercio ilegal de las drogas sintéticas que actualmete afecta a la población más joven.

En México se observa el uso cotidiano de las R-15 y ak-47, ametralladoras calibre 7.62 mm, explosivos C-4, cohetes antitanques M72 y at-4, lanzacohetes rpg-7, lanzagranadas mgl calibre 37 mm., granadas de 37 y 40 mm., fusiles Barret calibre .50 y fusiles Galil, lanzacohetes y armas con capacidad para disparar municiones calibre 5.7 x 28, idóneas para penetrar distintos tipos de blindajes. También se ha detectado el uso de minas antipersonales. Todas ellas forman parte de las armas más utilizadas en conflictos armados y algunas están prohibidas por tratados internacionales (1). Según datos oficiales, entre 2006 y 2012 fueron decomisados 81 lanzacohetes de tipo rpg a organizaciones delictivas (2).

El gobierno reconoce actualmente 61,000 personas desaparecidas en el país, cuyos casos ocurrieron en su gran mayoría después de 2006. En el reporte de 2020 sobre el índice de paz en México, la tasa de homicidios ascendía a 28.1 por cada 100,000 habitantes, ubicándose en su nivel más alto desde 1990, año en que empezaron a tenerse registros oficiales. Estos números son aún más graves en un país donde la cifra negra es elevada: el 93.2% de los delitos en 2019 no se incluyeron en las estadísticas oficiales.

1) N. Sandoval Ballesteros, “México en guerra”, Proceso, 2 de febrero de 2012

2) J. Paullier, “¿De dónde salen las armas pesadas del narco en México?”, BBC, 6 de mayo de 2015