Yucatán continúa en el primer lugar de la lista de los estados con menor índice de delitos, con sólo 7.95 crímenes por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). La información, que este periódico destacó en su edición del 14 de este mes, añade que, además, el índice delictivo de nuestra entidad se ubicó en diciembre de 2019 en 9.4, lo que representaría una baja de 1.48.

Pero el mismo informe incluye un párrafo que a la letra dice: “Municipios yucatecos como San Felipe, Río Lagartos, Panabá, Dzilam González y Dzilam de Bravo, así como Panabá, son algunos de los que registran cero casos de delitos…”.

Como oriundo de Dzilam González puedo afirmar que, en estos años en que mi pueblo natal resiente la llegada de personas de otros estados que vienen a sumarse a la pesca legal o ilegal desde el vecino puerto de Dzilam de Bravo, no es una población habitada por puros ángeles o personas de acrisolada moral y conducta intachable.

No. En los últimos 4 ó 5 años, en el inseparable tándem que forman los dos Dzilames el número de robos a casa habitación y a ranchos de toda la zona ha aumentado, lo mismo que el narcomenudeo, la caza ilegal, la pesca de especies en veda (pepino, caracol, langosta, pulpo...). Y aunque parezca chocante a quienes defienden los derechos humanos, buena parte de esos delitos es atribuible a personas de otras partes del país que han venido a vivir a esa área, unas buscando trabajo honesto, pero otras tratando de aprovecharse de quien se deje.

Por eso resulta preocupante la parte del citado informe que afirma que en varios municipios yucatecos no pasa nada y se registran cero casos de delitos, cuando la verdad es que ha habido en los últimos dos o tres años, por citar un período, asaltos a casas habitación, en los que recordamos, por ejemplo, el caso de un tendero que fue salvajemente golpeado por los ladrones. Apenas a mediados de febrero, en Dzilam González una mujer fue acuchillada en el cuello por un pescador campechano con el que sostenía relaciones y quien logró huir.

Nuestra preocupación surge al pensar que las cifras del ONC están lastradas por un subregistro de delitos que no se denuncian porque en la gente está muy arraigada la convicción de que denunciar una agresión, un robo o cualquier otro delito no sirve de nada, pues difícilmente hay investigadores bien capacitados en las escasas agencias del Ministerio Público que funcionan en el medio rural.

Lo hemos dicho y lo reiteramos: en los 105 municipios del interior de nuestro estado el anhelo de que haya una impartición de justicia pronta y expedita es solamente un sueño. Aparte de la escasa presencia del MP, los ayuntamientos carecen de mecanismos para aplicar las leyes con rigor y eficiencia, y la figura del juez de paz es a todas luces insuficiente. Y no se ve ni en lontananza que las cosas vayan a cambiar. ¿Qué opina usted?