Es por lo menos preocupante el anuncio de que el presidente Andrés López ordenó, mediante un decreto, la extinción de todos los “fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos”, con el objetivo explícito de disponer de unos 700 mil millones de pesos que se habían destinado a esos mecanismos de apoyo a diferentes sectores federales y estatales.

De inmediato el líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, alzó la voz para proclamar que el Fondo de Ahorro Capitalizable con que cuenta la FSTSE desde 1990 no puede ser afectado por la orden presidencial. Ya veremos qué criterio se impone, pero la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 le viene “como anillo al dedo” (así lo dijo él) y le da gran ventaja al jefe del Ejecutivo Federal para que haga y deshaga a la medida de sus gustos y particulares cifras.

Muchos ya habíamos advertido que los grandes apuros para atender el impacto en la salud que está teniendo el Covid-19 serían menores que sus estragos económicos. De una vez ratificamos que los daños o efectos en el ámbito político también serían tanto o más severos que en el sanitario.

Ahora mismo la estrategia sanitaria contra ese virus está llevando a que los ciudadanos perdamos importancia, injerencia o derechos en aras de combatir la plaga mundial. Por ejemplo, el derecho de libre circulación por el país, consagrado en el Artículo 11 de la Constitución federal, está siendo conculcado en muchos municipios de Yucatán, y decisiones en materia económica y financiera nacionales, y el cumplimiento de los derechos de atención en diferentes rubros (salud, educación, vivienda, etc.) están quedando a la discreción de funcionarios menores o medianos.

Tenemos que reconocer sin remedio que estamos en tiempos excepcionales, por la lucha en innumerables frentes que libramos contra el multicitado virus. Eso bastaría quizás para justificar leyes, decretos y operativos draconianos. Sin embargo, muy lamentablemente ese combate se llevaría entre las patas derechos, prestaciones, bienes y servicios cuya entrega ha (o había) correspondido a los tres niveles de gobierno, utilizando para ello el dinero que nosotros les damos.

Después que se supere la contingencia tendremos que estar pendientes de que el gobierno asuma plenamente sus obligaciones, pero replegándose a los espacios que la ley le tiene especificados, dejando a salvo todos los derechos que corresponden a los ciudadanos, al pueblo mandante, que por cierto tiene entre sus atribuciones la revocación del mandato de un presidente, en un proceso impulsado a su tiempo por el propio López Obrador, y que deberá realizarse por primera vez en el cercano año 2022.

(Le recomendamos el artículo de Leo Zuckerman sobre el tema, en https://www.excelsior.com. mx/opinion/leo-zuckermann/la-barbaridad-dela-revocacion-del-mandato/1342391).