La solicitud que el presidente Andrés López envió al Congreso para pedir que se realice una consulta popular sobre el posible enjuiciamiento a los cinco mandatarios que lo antecedieron es tan general, nos parece, que prácticamente obligaría a sentar en el banquillo de los acusados tanto a los otros dos poderes, el Judicial y el Legislativo (partes directas de la Administración Federal), como a numerosas dependencias, a los gobernadores, ayuntamientos, cámaras empresariales que hacen negocios con el sector público, y numerosos ciudadanos que para su gusto y provecho se involucran en el manejo del erario.

Para afirmar lo anterior sólo habría que leer el documento que el tabasqueño presidente envió al Congreso de la Unión, y en cuyo tercer motivo –tiene 16 en total– afirma: “El neoliberalismo gobernante se tradujo (durante los 30 años en que gobernaron los citados presidentes) en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza y la desigualdad y la marginación, la informalidad y la descomposición social, en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores, en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de soberanía, en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves”. Y todos esos males persisten, ¿o no?

Cual jurado o juez anticipado, el presidente López hace una lista de los presuntos delitos que cometieron los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, en un rosario de acusaciones de las que no tiene pruebas, o al menos no las ha mostrado. Eso sí, no podemos negar que aún nos duele el gran negocio que favoreció Zedillo cuando en 1998 nos endilgó a los mexicanos el famoso rescate bancario de 552 mil millones de pesos. “A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de 2 billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070”, asienta López Obrador.

Los motivos de la solicitud que presentó el presidente López al Congreso son en realidad la lista de los grandes problemas que padecemos los mexicanos, y en los cuales se supone que él estaría trabajando para anularlos o al menos reducirlos. Pero eso no está ocurriendo.

Es imposible acabar aquí con el análisis completo y detallado de la iniciativa del presidente López, pero cabría subrayar dos puntos: a él no le importa provocar el repudio de los sectores a los que él llama “fifís”, conservadores o corruptos, ni acepta que otra persona que viva en el país pueda tener más razón o mejores ideas que él. ¿En qué acabaremos...?