No es la consulta, es la forma. Desde su campaña, Andrés Manuel había prometido cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

¿Fue correcto realizar un ejercicio para que los mexicanos decidiéramos qué debía pasar con la conectividad aérea de la capital del país? Sin el procedimiento adecuado, no.

Quienes prometen ser demócratas en el futuro gobierno, quienes prometen actuar conforme a Derecho, no pueden realizar ejercicios simplistas y que ignoren los procedimientos establecidos en la norma. Ojalá que la informalidad no se haga costumbre.

Las consultas populares son mecanismos jurídicos de participación ciudadana, que nos permiten ejercer la democracia directa por medio de una votación.

Esas consultas deben cumplir con ciertas formas de ley, ciertos requisitos, para que tengan una validez legal y, en un momento dado, puedan arrojar un resultado con fuerza de ley o de cumplimiento obligatorio para el Estado.

La realizada por el equipo de transición de AMLO no fue ilegal, pero sí carece de todo valor jurídico: las papeletas que se usaron no tenían folio, participó sólo el 1.19% del padrón electoral actual, es decir, votaron un millón 69 mil 870 personas, de los 89.6 millones de electores en México.

Circuló en varios medios que hubo quienes votaban hasta cuatro veces. Además, la consulta tampoco fue organizada por una autoridad electoral y no tuvo presencia en todos y cada uno de los municipios de la República.

Si bien el ejercicio para definir el futuro del NAIM es de aparente buena fe y permite la participación ciudadana, a quien suscribe le consta que no hubo la información suficiente para que los mexicanos tomaran una decisión razonada.

Decidir algo como la construcción de un aeropuerto requiere de ciertos conocimientos técnicos que no todos tenemos y cuya carencia nos imposibilita para pronunciarnos al respecto.

Igualmente, podría preocupar que AMLO declare que existirán más consultas de este tipo a lo largo del sexenio.

De hacerlas sin forma de ley, tal y como sucedió en la reciente, sin duda tendríamos un gobierno operando por la efervescencia colectiva y no por la razón y el discernimiento.

Además, se insiste en que un Estado no puede someter todo a consulta, pues hay cosas que el pueblo no debe decidir, como los derechos de terceros.

Por lo pronto, Andrés Manuel fue el gran ganador: canceló el aeropuerto tal y como quería, pero responsabilizando al pueblo de las posibles consecuencias. A fin de cuentas, “México decidió”.