Si bien la toma de protesta de ley al nuevo presidente constitucional ocurrió en San Lázaro, ante una mayoría abrumadora de Morena en el Congreso General y una oposición débil, desorganizada y sin un discurso real de crítica al nuevo gobierno -se entretenían más gritándole “dictador” a Nicolás Maduro y exigiendo que baje el precio de la gasolina, que empezó a subir en el sexenio de Calderón-, la verdadera investidura de Andrés Manuel, la real, ocurrió entrada la tarde en el Zócalo de la capital ante miles de personas, pero sobre todo ante los representantes de 68 pueblos indígenas de México, que conjuntamente entregaron el bastón de mando a quien dirigirá el país los siguientes seis años.

Ya Adolfo López Mateos había usado uno similar durante su campaña presidencial y Luis Echeverría también recurría al discurso fuertemente indigenista, pero López Obrador es el primer dirigente nacional en toda la historia que recibe el respaldo simbólico de quienes durante siglos han sido relegados en su propia tierra.

El bastón de mando era utilizado casi universalmente por los pueblos mesoamericanos y de algunas otras partes del mundo como representación simbólica y materialización del poder, legitimando al portador para ejercerlo.

Gobernantes icónicos de las culturas maya, mixteca y mexica aparecen en códices, estelas y murales con este objeto que representa, según algunos investigadores, el eje del mundo y el cosmos.

Así, López Obrador recibió en la mañana el símbolo de poder por excelencia del presidencialismo mexicano, representado por la banda presidencial, y en la tarde le fue concedido el símbolo de poder indígena, que se remonta siglos e incluso milenios en nuestra historia. Como todo lo que ocurre en México, son los símbolos, la teatralidad, los significados y las construcciones los que le dan fuerza al discurso y edifican nuestra realidad como país.

Por ello, quien suscribe estas líneas espera que el compromiso del Ejecutivo Federal con quienes han padecido discriminación, persecución y racismo durante cientos de años sea real y firme.

Una buena forma de demostrar ese compromiso sería realizar la consulta de ley a las comunidades indígenas, a la que la legislación mexicana y el Convenio 169 de la OIT obligan al gobierno mexicano, en relación con proyectos como el Tren Maya. Antes de mover una sola piedra o asentar un solo riel, el gobierno de Andrés Manuel está obligado a consultar formalmente, y no como hasta ahora, a quienes el sábado le entregaron el bastón de mando.