Tanto Morena como Andrés Manuel han dejado en claro que tendrán una relación difícil con el único poder federal que no controlan: el Poder Judicial de la Federación.

Desde las desafortunadas declaraciones del entonces candidato a la Presidencia sobre que la Suprema Corte no ha hecho nada en beneficio de México, hasta las descalificaciones recientes de legisladores morenistas al máximo tribunal, los protagonistas de la 4ª Transformación mantienen una rivalidad constante con las autoridades dedicadas a impartir justicia.

Lo malo es que esta rivalidad no se queda solo en las esferas de las cúpulas políticas, sino que permea en la sociedad y va formando una opinión pública alejada de la realidad y la objetividad.

Dos sucesos son los que han puesto en la mira al Poder Judicial recientemente: la validación de la elección de Puebla por el Tribunal Electoral y la suspensión de la Ley de Remuneraciones por la Suprema Corte.

En la primera es muy discutible la decisión de la Sala Superior que ratifica el triunfo del PAN sobre Morena, al no haber argumentos suficientemente sólidos para validar la elección a gobernador de esa entidad.

En la segunda, la Suprema Corte suspende temporalmente los efectos de la norma impulsada por Morena, lo que tiene como consecuencia que los salarios de los servidores públicos para 2019 sean ajustados conforme a la Constitución y no de acuerdo con la ley controvertida.

En ambos casos, la reacción de parte considerable de la sociedad fue de repudio hacia las instituciones judiciales.

No fueron pocos los espacios en donde penosa e irreflexivamente se pedía incluso la destitución de los ministros de la SCJN por “corruptos y traidores”.

Las declaraciones de los protagonistas del partido en el poder solo abonan a la polarización de la ciudadanía de manera irresponsable, debilitando poco a poco a aquellos que han actuado conforme a derecho y en cumplimiento de su deber.

Parece que muchos ciudadanos, diputados, senadores y hasta el propio presidente, olvidaron, de manera repentina, que fue la Suprema Corte quien ordenó al IMSS que se diera obligatoriamente seguridad social a las y los trabajadores domésticos, tras toda una vida desprotegidos; que el máximo tribunal ha sido garante de derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo o que los hombres tengan acceso a una pensión por viudez; que la SCJN ha dado protección a los adultos mayores o que fue quien declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que pretendía militarizar al país.

El Poder Judicial Federal no es perfecto y ha tenido sus altibajos y posturas cuestionables, pero será durante el sexenio la verdadera oposición y contrapeso al poder que los debilitados partidos no podrán ser.

Es conveniente para nuestra democracia tener instituciones judiciales fuertes, capaces de hacer frente a cualquier arbitrariedad proveniente de una mayoría que apenas aprende a serlo.